La opción más clara a la hora de resolver el grave problema ambiental generado por el enterramiento ilegal de basuras en bancales agrícolas de La Murada es sellar los terrenos. La retirada total de un millón de toneladas de residuos es muy difícil desde el punto de vista técnico y económico, según ha admitido de la Generalitat. Las basuras fueron utilizadas para abancalar hasta 500 tahúllas de suelo agrícola en producción de cítricos todavía hoy, entre 2009 y 2011, al norte de esta pedanía oriolana -la cifra real de la superficie afectada y la de vertidos acumulados en el subsuelo sigue siendo una incógnita-. Parte de los residuos fueron arrojados tras un proceso de tratamiento primario, que les daba aspecto de compost agrícola, pero una mayor parte se arrojaron directamente desde los camiones procedentes de las municipios de recogida. En algunas fincas el «bloque» de basura alcanza varios metros de profundidad.
Los estudios preliminares para realizar la restauración ambiental de la zona apuntan a que la mejor solución es sellar las fincas como si se trataran de vasos de vertido colmatados de una planta legal. Ese sellado de restauración permite impermeabilizar con distintos actuaciones toda la zona en la que se estima que está localizado el vertido, con capas de arcilla y gravas. Además está previsto llevar a cabo un tratamiento biológico -biorremediación experimental con cultivo de bacterias- para ayudar a la descomposición de los materiales enterrados, según confirmó el director General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Joan Piquer a preguntas de INFORMACIÓN. De momento, solo se barajan fechas a medio plazo para abordar los trabajos, porque además están a expensas del procedimiento judicial que debe determinar las responsabilidades por los enterramientos.
Por el vertido ilegal de estas basuras está acusado de un delito contra el medio ambiente el empresario oriolano y cabecilla de la trama Brugal, Ángel Fenoll, además de otras seis personas. Según señala la investigación judicial, ya prácticamente cerrada, Fenoll habría organizado estos vertidos en connivencia con los propietarios de las fincas. Esta práctica, permitiría que el cercano vertedero de Proambiente ahora cerrado, que ya en esos momentos no tenía capacidad legal para albergar más basuras en ese momento, pudiera derivarlas a zonas agrícolas aledañas en Los Corrales, Los Sigüenza o Los Rubira, y mantener, de paso, los muy competitivos precios de eliminación por tonelada que ofertaba a los municipios de la Vega Baja y parte de Murcia.
Del vertido sin control en zonas no preparadas se derivan impactos ambientales, como la emanación de lixiviados, el líquido contaminante que genera la descomposición de las basuras, a barrancos y cauces. Contra estos lixiviados ya ha actuado de la Generalitat retirando más de 30.000 litros en cercanas a Proambiente. En los campos de limoneros «rellenos de basura» también se pueden producir problemas de combustión interna permanente por la presencia de gases, como el metano, atrapados en el subsuelo, además de olores. El uso de bacterias se orienta a evitar esas emanaciones. En algunas de las ubicaciones se plantaron cítricos ocupando suelo de dominio público gestionado por la Confederación Hidrográfica, como sucedió en el paraje de Rambla Salada.
Parte de los residuos sólidos orgánicos han aflorado a simple vista en los propios cultivos, regados con aguas del Trasvase Tajo Segura, que pese a estar identificados judicialmente como los receptores de las basuras siguen, en producción y con certificaciones de calidad incluidas, tal y como se han aportado al procedimiento las defensas de los acusados. En esos campos se pueden observar basuras de todo tipo, desde carcasas de móviles hasta residuos sanitarios.
