Más de medio millón de metros cuadrados de suelo agrícola afectado. La coordinadora constituida para esclarecer los enterramientos ilegales de basura en la comarca de la Vega Baja sobre suelo agrícola estima que afectan a una superficie de más de 500 tahúllas, 550.000 metros cuadrados, en distintos emplazamientos entre la Región de Murcia y Alicante y distribuidos en municipios como Abanilla (Murcia), Torremendo o La Murada, entre otros. Una estimación que puede quedarse corta y que ha sido realizada en función de las diligencias policiales y judiciales emprendidas en los últimos meses para investigar estos vertederos improvisados. Extensión que sería mayor si se confirman las sospechas de este colectivo sobre nuevos emplazamientos localizados en las últimas semanas.
Las mismas fuentes indicaron que el vertido ilegal en grandes fosas excavadas en fincas agrícolas se ha estado practicando hasta hace escasos meses -pese a las investigaciones judiciales sobre otras zonas de vertido similares- y los relacionan a la actividad que desarrolla el vertedero de Proambiente en La Murada-Abanilla, el principal del sur de Alicante, algo que niega con rotundidad la empresa.
Tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, como la coordinadora, encabezada por el pedáneo José María Almarcha, están intentando esclarecer el recorrido de estas basuras con testimonios ofrecidos por media docena de extrabajadores de la planta. Siempre según estos relatos, en muchas ocasiones los camiones que llegaban a las instalaciones del vertedero eran supuestamente desviados a una finca determinada para depositar todo tipo de residuos. En ocasiones, con un tratamiento previo y un aspecto similar al compost agrícola, en otras, sin pasar por un proceso selectivo, por lo que en esos terrenos se han hallado basuras de todo tipo, desde materia orgánica "convencional" a residuos sanitarios o pequeños electrodomésticos, como ha informado este periódico.
El objetivo de esta supuesta derivación era que la basura no entrara en el vertedero, porque no tiene capacidad legal autorizada por el Gobierno de Murcia para tratar todo lo que recibe -hasta 400 toneladas diarias de basuras de la mayoría de municipios de la Vega Baja y algunos de Murcia-. De hecho, la consejería de Presidencia murciana ordenó en octubre el cierre de una parte de las instalaciones.
El colectivo, organizado ahora en coordinadora, está recaudando fondos para realizar análisis del aire, aguas subterráneas, suelo y frutos agrícolas -en algún caso habría bancales afectados con cítricos en producción, aunque es algo que está por determinar-. Un sondeo que se está realizando en varias de las fincas en las que sospechan que durante los últimos años se han podido realizar enterramientos ilegales de basura.
Subterráneo
Normalmente se trata de emplazamientos registrados a nombre de grandes propietarios de suelo y ajenos a los pequeños agricultores que explotan sus parcelas de cítricos regadas por el trasvase Tajo-Segura. La Policía y los juzgados ya investigan cuatro de estos emplazamientos en Los Randeros, Los Corrales y en un tramo de la Rambla Salada ocupado por una nueva zona agrícola en Los Rubira. Las indagaciones que desvelan ahora la entidad de los enterramientos no dejan de ser una derivación de la Operación Subterráneo, en la que se descubrió del primer vertedero clandestino en un bancal plantado de limones en Abanilla, en abril de 2011, en un procedimiento en el que está imputado el empresario Ángel Fenoll, principal encausado de la trama Brugal, personal vinculado a la planta de basura y el agricultor Francisco Poveda.
300 agricultores preocupados
Trescientos agricultores llenaron el local de Riegos de Levante de La Murada para asistir a una reunión informativa sobre los enterramientos ilegales de basuras investigados judicialmente. La preocupación de estos agricultores, que nada tienen que ver con los propietarios de suelo que permitieron esos vertidos, según la coordinadora vecinal, está en la posible contaminación de los acuíferos por lixiviados -el residuo líquido procedente de la descomposición de la materia orgánica mezclada con el agua de lluvia-. Tanto de los que se han producido en esos enterramientos incontrolados como de los que supuestamente pueden haberse filtrado de la planta de Proambiente, aunque la mercantil niega este extremo y asegura que sigue exhaustivamente todo el protocolo para gestionar estos residuos líquidos. D.P.
