Casi un cuarto de siglo después de que la Audiencia Nacional abriera las primeras diligencias por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, un producto opaco al fisco, la instrucción de la causa por fraude fiscal referida al exconseller y exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena se ha cerrado y se ha enviado al juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela para que se celebre juicio. Así lo ha acordado la magistrada titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela -antiguo Mixto 4- en una providencia fechada el pasado 8 de octubre. El procedimiento, cuya incoación en Orihuela se produjo en 2005 pese a que el asunto está judicializado desde 1992 en otros órganos, está pendiente ahora de fijar la fecha del juicio y además se ha abierto en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela una pieza separada sobre la responsabilidad civil.
En el auto de apertura de juicio oral notificado el pasado mes de julio se disponía que Cartagena debía prestar una fianza de 600.000 euros para responder de la multa y la indemnización a la Agencia Tributaria por el presunto fraude fiscal. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Cartagena ofreció dos viviendas para cubrir dicha fianza y el juzgado está realizando las averiguaciones oportunas sobre titularidad, cargas y tasación de dichas propiedades. Al mismo tiempo, el juzgado de Orihuela ha acordado recientemente el embargo provisional de 12.000 euros de una cuenta del exconseller, medida que ha sido impugnada por la defensa de Cartagena.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la impugnación presentada por la defensa de Cartagena y el juzgado está pendiente de que se pronuncie al respecto la Abogacía del Estado, según las fuentes del TSJ.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también recibió el pasado verano un encargo del juzgado de Orihuela para rastrear el patrimonio de Cartagena, pero el informe aún no se ha concluido porque se ha requerido información a diferentes organismos.
Durante dos décadas, el proceso de las cesiones de crédito, donde se atribuye a Luis Fernando Cartagena un presunto fraude fiscal de más de 500.000 euros en 1988, ha ido de un órgano judicial a otro, retrasándose de tal forma que las dilaciones serán, sin duda, un atenuante que presumiblemente reclamará la defensa en caso de que se dicte sentencia condenatoria. Primero fue la Audiencia Nacional a principios de los 90, luego el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de nuevo la Audiencia Nacional tras perder su condición de aforado al dimitir y finalmente los juzgados de Orihuela, donde se incoó en 2005 un procedimiento abreviado que también ha sufrido graves incidencias, hasta el punto de que el auto de apertura de juicio oral acordado en 2008 fue anulado por la Audiencia de Alicante para incorporar unas diligencias del caso instruido en los juzgados centrales y ahora se ha dictado la resolución definitiva.
El fiscal, en su escrito de acusación, solicita para Cartagena tres años de prisión y multa de dos millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública. Según la acusación pública, el exconseller declaró que en el ejercicio de 1988 tuvo unos ingresos de algo más de cuatro millones de pesetas, sin que incluyera 158,5 millones de pesetas correspondientes a un incremento no justificado de patrimonio por el dinero invertido en cesiones de crédito del Santander. Por ello, la Agencia Tributaria cifra en 83.661.839 pesetas la cuota no ingresada, más de 500.000 euros.
Inversiones
Las llamadas «cesiones de nuda propiedad de crédito» fueron ofrecidas por el Banco Santander en 1988 y 1989 como medio de inversión sin que Hacienda tuviera información de los propietarios del dinero. Con este producto la entidad realizó más de 47.000 operaciones con unos 8.000 clientes y un volumen de negocio de 2.600 millones de euros.
Según el auto de apertura de juicio oral acordado por la juez, Luis Fernando Cartagena era el verdadero titular de nueve cesiones de crédito por valor de casi un millón de euros que según el Santander eran de un empresario ilicitano, que estuvo imputado y falleció. En el mismo auto que se acuerda la apertura del juicio a Cartagena se decreta el sobreseimiento para este empresario.
Además del juicio por el caso de las cesiones de crédito, el exalcalde de Orihuela tiene pendiente otro proceso judicial en Valencia, donde la Abogacía del Estado le pide otros cinco años de cárcel por presunto fraude fiscal en la empresa Metrored. En 2002 Cartagena ya fue condenado a una pena de cuatro años de prisión por quedarse el dinero donado por unas monjas cuando era la primera autoridad municipal de Orihuela. Pasó tres meses en prisión y salió libre en octubre de 2008. Desde entonces estaba a la espera de que por fin concluyera la instrucción de este viejo proceso.
