La sección séptima de la Audiencia de Elche ha rechazado el recurso de apelación del exconcejal socialista José Manuel Cartagena y del empresario Antonio García Casas, gerente de la mercantil Bluesa, contra el auto que decidió abrirles juicio oral por el caso del «cambiazo», en el que ambos están acusados por supuesto trafico de influencias. En abril de 2010 el pleno de Redován aprobó el pliego de cláusulas para adjudicar la contrata de suministro de agua potable. Se presentaron la mercantil Facsa y una UTE formada por Acciona y Bluesa. El fiscal cree que Cartagena y García Casas, que mantenían una estrecha relación de amistad, idearon un plan para falsificar la plica presentada por Facsa con una oferta de 3.350.000 euros que se vio alterada, tanto el documento físico como en la copia en formato digital custodiada en el Ayuntamiento, a 335.000 euros. Las diligencias policiales no llegaron a determinar quién realizó el «cambiazo» entre el 18 y el 30 de junio de 2010. Pero fue el propio Casas el que pidió después copia del documento para advertir del cambio y exigir la anulación del concurso, según la Fiscalía. La entonces alcaldesa Leticia Bas denunció el «cambiazo» a la Guardia Civil.

El recurso presentado por Cartagena, al que se sumó Casas, aseguraba que el auto de procedimiento abreviado no estaba suficientemente fundamentado, algo que la Audiencia rechaza.Con esta resolución solo resta que el juzgado de lo Penal de Orihuela señale la fecha del juicio. El fiscal pide una pena de un año de cárcel y cinco de inhabilitación para el exconcejal socialista por un presunto delito de tráfico de influencias y dos años y 11 meses de prisión para el empresario como autor de los presuntos delitos de falsedad documental y tráfico de influencias.

Multa de 40,8 millones

Por su parte la acusación que ejerce el Ayuntamiento reclama 6 meses de prisión para Cartagena y una multa de 20,5 millones de euros por un delito de tráfico de influencias. La multa se estima con el cálculo del doble del beneficio que iba a obtener la empresa adjudicataria, aunque puede ser adaptada a la capacidad económica del acusado.

La misma multa de 20,4 millones y cinco meses de prisión piden los abogados del municipio para el empresario por tráfico de influencias, aunque sin contemplar la falsedad documental. La representación municipal ha solicitado que acudan a declarar como testigos, la exalcaldesa , la secretaria municipal y el agente de Acciona en la zona.