El juzgado abre juicio oral a Cartagena por las primas únicas

J. A. MARTÍNEZ / D. PAMIES El segundo "caso Cartagena" ya está en el juzgado de lo Penal de Orihuela a la espera de que se señale fecha, según confirmó ayer el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juzgado de Instrucción número cuatro de Orihuela ya ha dado por cerrada la instrucción y ha dictado el auto de apertura de juicio oral. El fiscal pide para el ex conseller Luis Fernando Cartagena una pena de tres años de prisión por fraude fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex político el tercer grado inicial en la causa judicial en la que fue condenado en su día a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos y falsedad. Como ayer publicó ayer este diario, una pulsera de control telemático le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas, como condición para no tener que volver a la prisión de Albacete.
Sin embargo, la apertura del juicio oral no va a suponer rapidez en la celebración de la vista. A pesar de que el juzgado de lo Penal tres de Orihuela es de reciente creación, ya se encuentra totalmente colapsado. La nueva sala de lo Penal tiene cerca de 1.500 ejecutorias pendientes, así como una lista de espera de 700 señalamientos. Por ello, ayer todavía se desconocía cuándo será la fecha exacta en la que se celebrará el proceso.
La causa principal por el caso de las primas únicas acabó archivado en la Audiencia Nacional para los directivos del Banco de Santander y otros clientes. La implicación del ex conseller fue desgajada en su día de la causa principal por la juez María Teresa Palacios, que hizo una pieza separada en la investigación, al determinar que se trataba de dos casos distintos. Por un lado estaba la supuesta falsedad documental que cometieron los directores del banco; y otra el fraude fiscal presuntamente cometido por los titulares de los productos financieros llamados cesiones de crédito, que ofrecían el reclamo de ser opacos a Hacienda. La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regular su situación con el fisco. Cartagena no se acogió a ese proceso porque no ha reconocido en ningún momento ser el titular del dinero.
El escrito de acusación, sostiene que era Cartagena quien realmente estaba tras las cuentas investigadas, que figuraban con el nombre de un empresario ilicitano ya fallecido. Según el fiscal, Cartagena declaró a Hacienda en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos, pese a que tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa al ex conseller de un fraude a Hacienda que asciende a medio millón de euros, por el que pide tres años de prisión y una multa de dos millones de euros. El fiscal había pedido un embargo preventivo de los bienes del ex conseller para garantizar el pago de las multas. Sin embargo, desde el juzgado se descartó la medida y se optó por establecer una fianza de 600.000 euros para cubrir el pago de las cantidades exigidas en concepto de responsabilidad civil. Durante el pasado mes de mayo, se estuvo realizando una averiguación de todos los bienes del ex alcalde oriolano para avalar estas cantidades. Una vez que todas las partes han informado y se ha cubierto el pago de las indemnizaciones la causa finalmente ha llegado al juzgado.