La adjudicataria del Plan Zonal de la Vega Baja, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, acusa al Consorcio de Residuos en el recurso que ha presentado esta semana contra el acuerdo de anular el contrato de haber orquestado un plan para boicotear la puesta en marcha de las instalaciones previstas y que incluían una estación de transferencia en Cox y un macrovertedero en Albatera. Esta es una de las conclusiones que se recogen en la batería de alegaciones presentadas en contra de dicho acuerdo y con el cual pretende tumbar la decisión del ente consorciado (27 ayuntamientos, Consell y Diputación) que se basa en supuestos incumplimientos, como el que carecía de los terrenos necesarios para poner en marcha las instalaciones. Y dice, además, que el Consorcio ha dado este paso de intentar anularlo porque «ya no le interesa la obra y la prestación del servicio en los términos proyectados». También consideran que al cabo de seis años de la adjudicación era la administración la que tendría que haber garantizado la ocupación de los terrenos, algo que no ha pasado; de hecho, ni le contesta a sus escritos.
Según ha podido saber INFORMACIÓN, la concesionaria pone de manifiesto en sus alegaciones que las actuaciones llevadas a cabo por la administración desde la adjudicación, «revelan que su verdadera intención era desligarse del contrato». En este sentido, apunta que el fin último de todas las supuestas trabas que el Consorcio ha puesto a la ejecución del proyecto ha sido llegar a un «desestimiento camuflado», tratando de «imputar al contratista un supuesto incumplimiento» pero «sin tener que abonar los importes que proceden en caso de desestimiento», que incluirían una indemnización por daños y perjuicios así como una compensación por el lucro cesante; es decir, el dinero que dejará de ingresar por arrebatarle la concesión. Una conducta que, según señala, «sería del todo punto reprochable a una administración».
Según explica en el documento, hasta en tres ocasiones pidió la concesionaria del Plan Zonal al Consorcio y a la Generalitat Valenciana que expropiara los terrenos previstos en Cox y Albatera para construir la planta de transferencia de residuos y el macrovertedero, pero nunca obtuvo colaboración.
Así, se detalla en el escrito de alegaciones que la disponibilidad de terrenos no era un requisito necesario para poder construir y explotar las instalaciones y que en los propios estatutos del Consorcio se recoge la obligación de este ente de «ejercitar la potestad expropiatoria». La UTE argumenta que disponía de opciones de compra cuando se presentaron las ofertas iniciales, en 2007, pero que algunas de ellas han dejado de ser válidas debido al tiempo transcurrido. «La realidad es que esa colaboración (de la administración) no ha existido» y el Consorcio, por este y otros motivos, «ha dificultado e impedido la ejecución del contrato», sentencia.
La UTE Cespa-Ortiz, que presentó tanto la propuesta del vertedero en Torremendo como la de Albatera, es ahora la que acusa al Consorcio de querer arrebatarle la concesión porque ya no le interesa la ejecución de la obra y del servicio en los términos proyectados; es decir, con la planta de basuras en término de Albatera y la de transferencia en Cox, que fue en definitiva la mejor valorada por los técnicos y la que los políticos tumbaron en 2008 para lograr que se construyera en Torremendo. A la investigación judicial del caso Brugal y al recurso contencioso-administrativo que interpuso el Ayuntamiento de Albatera contra la adjudicación del vertedero en su municipio se unirá ahora la batalla judicial anunciada por Cespa-Ortiz si finalmente le arrebatan la concesión.
