Los incumplimientos de la adjudicataria del Plan Zonal de la Vega Baja, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, que no dispone de los terrenos ofertados para poner en marcha la planta de transferencia de basuras en Cox y el macrovertedero de Albatera, fueron las causas que esgrimió ayer el Consorcio de Residuos de la Zona 11 A-6 (antes Zona XVII) para acordar la redacción de un informe jurídico que valore la «resolución o rescisión» del contrato mediante el que se cedió la gestión de los residuos de la comarca durante al menos dos décadas. La propuesta fue apoyada por todos los miembros de este organismo:Generalitat, Diputación y los ayuntamientos, a excepción de Orihuela, cuyo alcalde, Monserrate Guillén, se abstuvo en la votación (alegando que debía de ser el Consell Jurídic Consultiu la institución que se tenía que pronunciar sobre si existen motivos para la resolución, y no un gabinete jurídico externo).

Este acuerdo se concibe como el paso previo necesario para liquidar el Plan Zonal de la Vega. La primera consecuencia de esta decisión radica en que la ordenación de las basuras procedentes del sur alicantino queda en el aire sine díe. Es decir, al dar luz verde a la redacción de ese informe el Consorcio consideró ayer que no tenía sentido votar la puesta en marcha de la solución transitoria propuesta por Cespa-Ortiz, que establecía un plan para distribuir los desechos de la comarca en distintos vertederos de la provincia hasta que entrara en funcionamiento la planta de Albatera. Es por ello que esta cuestión se acabó retirando del orden del día y no se debatió, por lo que los alcaldes seguirán siendo responsables de llevar sus basuras a las plantas de residuos con las que el Consorcio tenga acuerdos y todo el trabajo de organización que se ha hecho durante el último año queda pues en papel mojado.

Dos meses

El estudio jurídico para dilucidar si existen causas para la rescisión del contrato y si habría que pagar una indemnización a la adjudicataria estará listo en un plazo máximo de dos meses y se sufragará con hasta 30.000 euros. No obstante, este documento no será suficiente para impulsar el posible proceso que haga saltar por los aires el Plan Zonal más controvertido de la provincia al haber originado el caso Brugal, que investiga precisamente si se amañó la contrata y por el cual están imputados el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz. De hecho, el representante de la Generalitat en el Consorcio dijo ayer que, aunque la administración autonómica estaba a favor de solicitar el informe, «no compartirá la posición jurídica» de este documento y solicitará uno propio a la abogacía del Consell.

Luisa Pastor sí se pronunció por primera vez a favor de valorar la rescisión del contrato y explicó las causas que motivan que la Diputación apoye este procedimiento, impulsado por alcaldes del Partido Popular de la Vega Baja, muchos de los cuales en abril de 2013 defendieron exactamente lo contrario. En este sentido, Pastor dijo que los motivos que están determinando la paralización de la ejecución de los términos y los plazos previstos en el contrato son dos. El primero de ellos lo definió como «causas inmobiliarias», que tienen que ver con la disposición de los terrenos para ejecutar la planta de Cox y de Albatera, pues eran «prestaciones comprometidas por el prestamista». Señaló que aunque la UTE ha instado a la expropiación forzosa de esas parcelas, «surge una duda razonable y es si el ejercicio de la potestad expropiatoria no está encubriendo la modificación de las bases objetivas de la adjudicación y por tanto del contrato concertado». La segunda de las causas atañe a las modificaciones urbanísticas aprobadas por Albatera y Cox para impedir la construcción de instalaciones destinadas al tratamiento de residuos en su territorio. A este respecto, expuso que el compromiso del concesionario era obtener todas las autorizaciones y licencias necesarias e, independientemente de los motivos, no lo ha cumplido y ese es su problema. Los socialistas lograron por su parte que el informe abunde en la posible rescisión basada en una posible prejudicialidad penal ya que la adjudicación está siendo investigada por los juzgados de Orihuela dentro del caso Brugal.

En la sesión, se produjeron momentos de tensión entre socialistas y populares, a cuenta de esta investigación porque los alcaldes de izquierdas acusan a los del PP de haberles «ninguneado» al haber consensuado esta solución al Plan Zonal sin contar con la oposición. Dijeron que lo hacen para no verse perjudicados en las próximas elecciones, algo que estos rechazaron. A pesar de ello, todos apoyaron la rescisión y respaldaron la batalla judicial que se avecina, pues la UTE ya ha anunciado que exigirá compensaciones.