La junta de gobierno del Consorcio de Residuos de la Vega Baja acordó ayer, a propuesta de la comisión técnica de este órgano, inadmitir la acción de nulidad para la revisión de oficio del expediente del Plan Zonal interpuesta por la asociación «Albatera no al vertedero» en noviembre de 2013.
El escrito registrado por el colectivo vecinal pedía revisar la propuesta presentada en su día por la UTE Cespa-Ortiz al considerar que contenía irregularidades que pasaron inadvertidas y motivaron que la adjudicataria obtuviera en el concurso más puntos de los que realmente les correspondían, al ofertar, por ejemplo, terrenos de los que en realidad no disponía. De hecho, la abogada del colectivo «Granja-Cox, no al vertedero de tránsito», Beatriz Nadal, se preguntó cómo es posible que Diputación diga ahora que la empresa no ha cumplido el contrato al no disponer de las parcelas ofertadas y, sin embargo, sí acepte que estos terrenos le puntuaron al alza para adjudicarse la contrata.
La secretaria del Consorcio no admitió el recurso al considerar que el tema está judicializado tras el contencioso interpuesto por la misma asociación. Su dictamen fue apoyado por los alcaldes del Partido Popular, a excepción de los de Granja de Rocamora, Cox, Albatera y Callosa de Segura, así como por el resto de representantes de municipios gobernados por el PSOE y otros partidos.
Mientras se desarrollaba la sesión de ayer, en el interior del palacio provincial se podía escuchar la protesta de los ciudadanos que se concentraron para exigir la anulación del Plan Zonal, encabezados por las plataformas de Albatera, Granja y Cox y apoyados por otros colectivos como Vertivega o vecinos de otros puntos de la provincia como Campello. Aunque el acuerdo de pedir un informe para valorar la rescisión del contrato fue valorado de forma positiva, las plataformas insisten en que no cesarán las protestas hasta que se anule el Plan Zonal y se apueste por una política de tratamiento de residuos respetuosa con el medio ambiente.
