El Consorcio de Residuos de la Vega Baja, presidido por la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, decidió adjudicar el Plan Zonal para ordenar la eliminación de la comarca a la propuesta que incluía una macroplanta de residuos en Albatera y una estación de transferencia en Cox. Esta adjudicación se realizó el 9 de abril de 2013 a raíz de una sentencia que le obligaba a dar el contrato a la oferta que obtuvo una mayor puntuación. Ese fallo tumbó el acuerdo adoptado en 2008 por los miembros del Consorcio, presidido por José Joaquín Ripoll, que por unanimidad decidieron otorgar la concesión (245.000 toneladas a través de un contrato de 240 millones por 20 años) a la oferta que incluía las instalaciones en la pedanía oriolana de Torremendo, que no fue la opción mejor valorada por los técnicos y que motivó una batalla judicial de los vecinos que acabó tumbando la concesión y obligando a Pastor a adjudicarla a la que más puntuación obtuvo, en Albatera. Estos hechos dieron lugar a la instrucción del caso Brugal, que investiga si la adjudicación se amañó. m. a. rives
