La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), ha advertido al Ayuntamiento de Almoradí de que el proyecto de ampliación de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) que se concluyó en febrero de este año con una inversión de cerca de 700.000 eurosampliación EDAR no ha podido ponerse en marcha durante el primer semestre de 2014 debido a la «presencia masiva de vertidos industriales procedentes de actividades agroalimentarias que han desestabilizado el proceso de tratamiento de aguas». Esta situación ha originado «incumplimientos continuados en los valores límites de emisiones que dicta la normativa europea», lo que se ha traducido en expedientes sancionadores por verter las aguas a azarbes de riego del río Segura sin el tratamiento adecuadoexpedientessancionadores , el último de ellos notificado el 15 de julio con un coste que podría alcanzar los 50.000 euros.
El grupo municipal de Izquierda Unida de Almoradí, en la oposición, ha desvelado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, emitió un informe el 15 de junio de este año en el que culpaba al Ayuntamiento de los «reiterados incumplimientos en el vertido de aguas residuales sin depurar de forma correcta» recordando que, desde 2003, se han abierto más de una docena de expedientes sancionadores por vertidos ilegales y contaminantes al dominio público, que según el partido de izquierdas se ha traducido en el pago de multas que ascienden a más de 60.000 euros. En este sentido, la CHS acusaba a la administración local de una «clara dejación de funciones» por ser «competencia municipal la protección del medio ambiente y el tratamiento de aguas residuales».
La ampliación de la depuradora de Almoradí ejecutada este año tenía como finalidad mejorar el tratamiento de las aguas, en particular en lo relativo a compuestos nitrogenados a través de un proceso denominado electroxidación, para poder cumplir así la normativa medioambiental y evitar que el Ayuntamiento siguiera acumulando sanciones económicas, pero según un escrito de la EPSAR recibido el 8 de julio en el consistorio, el descontrol de los vertidos industriales de empresas agroalimentarias ha impedido poner en marcha la maquinaria.
Normativa
Para la Generalitat, el responsable último de esta situación es el gobierno que preside Antonio Ángel Hurtado (PP), pues estima que no se ha velado por el cumplimiento de la normativa municipal que obliga a las empresas a tratar sus aguas antes de verterlas a la red de alcantarillado, por lo que insta a la administración local a «velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal de vertidos de alcantarillado, en particular los de origen industrial, tratando de evitar que no se repita el episodio de incumplimientos que se ha venido sufriendo a lo largo de 2014 con las consecuencias indicadas». En caso contrario, la Generalitat advierte que «no podrá garantizar el correcto funcionamiento de la etapa de electroxidación y, en el peor de los casos, el correcto funcionamiento del tratamiento convencional de la EDAR».
Para IU toda esta situación es una consecuencia directa de «la incompetencia e inoperancia del equipo de gobierno que preside Hurtado en la gestión del servicio de depuración de aguas en las EDAR de Almoradí y El Saladar». La oposición recuerda que «los ciudadanos pagamos un canon en el recibo del agua para la adecuada depuración de nuestras aguas residuales, pero este canon no nos asegura unos gobernantes aptos y responsables para la gestión municipal», esgrime el grupo, que teme que el pueblo de Almoradí seguirá pagando por la «pésima gestión» del gobierno del PP.
