Los casos Mercalicante y Brugal volvieron a cruzarse ayer. Si el martes el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi declaraba como testigo en el juicio por el desfalco en la empresa mixta, ayer testificaba en este proceso otro imputado en el llamado caso Brugal, el empresario Rafael Gregory. Tanto él como su hermano José Vicente eran administradores de la empresa Logística Alicantina del Frío (LAF) que era la empresa que, de hecho, estaba ocupando las naves frigoríficas de Mercalicante y por las que pagaba un módico alquiler. Los empresarios aseguraron ayer que era público y notorio que ellos eran quienes ocupaban esas naves y que pensaban que las habían alquilado directamente a Mercalicante e ignoraban que eran otras tres empresas eran quienes se llevaban el dinero del arrendamiento. Dichas mercantiles ha sido bautizadas en la causa como «las tres íes», en alusión al nombre de éstas: Intermark, Inver e Intercom. El juicio por el agujero contable se celebra sin el principal acusado en el banquillo, José Emilio Clavero, exgerente de Mercalicante que permanece fugado de la Justicia.
La auditoría de Pricewaterhouse reveló un complicado entramado societario en el que se concluyó que la política de alquileres de esas naves, cuya construcción costó 12 millones de euros. Según el citado informe, dichas naves se alquilaron a las tres íes, mercantiles que fueron creadas expresamente para, a su vez, subarrendarlas a otras. «Las tres íes» pagaban un precio de 3.373 euros al mes y éstas las subarrendaron por el triple a LAF. El informe señalaba que las naves estaban alquiladas a las tres íes por un precio inferior al de mercado y que con éste Mercalicante jamás podría recuperar la inversión. Además varios testigos han declarado que dichas naves no se podían subarrendar. En su lugar se prevé la posibilidad de un traspaso. El responsable real de «las íes», el empresario Julio Serio, es otro de los acusados declarados en rebeldía. En el banquillo se sientan los dos administradores de estas tres mercantiles. La Fiscalía no ve delito en esta política de alquileres, porque entiende que todas estas decisiones eran conocidas por los políticos que fueron exculpados de la causa; mientras que para la acusación particular que ejercen el Ayuntamiento y Mercalicante estas maniobras forman parte de la trama para saquear la empresa mixta.
Rafael Gregory declaró ayer en el juicio que toda la negociación la mantuvieron con el exgerente de la empresa, José Emilio Clavero, principal imputado en la causa y que en todo momento pensaron que trataban con Mercalicante. «Supimos de la existencia de las tres íes pocos días antes de la firma del contrato y nos dijeron que aparecían allí porque eran inversores del proyecto», explicó. El contrato se firmó en 1999 cuando las naves todavía estaban en fase de construcción, mientras que la auditoría que desveló las irregularidades se produjo en el año 2002. Este testigo había olvidado buena parte de los hechos y señaló que quien participó directamente en estas negociaciones fue su hermano José Vicente. Rafael Gregory aparece en la causa Brugal como uno de los intermediarios clave entre el empresario Ángel Fenoll y el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, en las presuntas irregularidades en el proceso para decidir la ubicación del vertedero de la Vega Baja.
Por su parte, José Vicente Gregory recalcó que era público y notorio que la empresa que estaba ocupando esas naves era LAF, el logotipo de la mercantil aparecía en un rótulo con grandes letras.Según su versión, «el precio que nos ofrecieron era razonable y de mercado». Otro directivo de LAF señaló que ellos también llegaron a subarrendar a otra empresa, Dialsur, porque les sobraba espacio.
Según explicaron, tras la firma del contrato Clavero se los llevó y no se los entregó hasta varios meses más tarde. «Se los reclamamos en varias ocasiones porque estábamos allí sin contrato», explicaron. Al instalarse LAF en las naves hubo defectos en la construcción que obligó a hacer reparaciones. «El frío se escapaba por el suelo», explicó Rafael Gregory. Por este motivo desde LAF se reclamó que se arreglaran estas deficiencias. Ambos creen que fue Mercalicante quien se encargó de acometer dichas obras y las pagó.
