La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas, entre ellas un hermano de Rafael Gregory -el presunto intermediario del caso Brugal- por el supuesto robo de 500.000 euros en efectivo, documentación y material informático del interior de las oficinas de la empresa de transporte e importación Aprilian, situada en Mercalicante. Las detenciones se realizaron a raíz de la denuncia presentada el pasado miércoles en dependencias policiales por el administrador de la empresa de transporte presuntamente vinculada a los Gregory, según fuentes cercanas al caso. Mientras que unas fuentes consideran que eran socios, otros apuntan a que son exsocios y fuentes próximas a los Gregory aseguran que el denunciante es un "testaferro" de los dueños de Autisa.
Tras las detenciones, el empresario Rafael Gregory acudió ayer por la mañana al juzgado de guardia de Alicante para presentar una denuncia contra el administrador de la mercantil donde se produjo el supuesto robo. En la denuncia Gregory relata que los hechos denunciados son falsos y que él mismo estaba siendo objeto de una extorsión por parte del denunciante.
Asimismo, en el escrito presentado por Rafael Gregory en el juzgado también se hace referencia a un trabajador del Grupo Autisa que accedió a información reservada de la empresa para luego someter a la familia Gregory a una extorsión, hechos que inicialmente no están vinculados al presunto robo en Aprilian.
El supuesto robo fue cometido la tarde del miércoles y José Vicente Gregory y otras tres personas que trabajan en el Grupo Autisa y fueron grabadas por las cámaras de vigilancia en el momento en que se llevaban los ordenadores en un vehículo. Para acceder a las oficinas utilizaron una llave que tenía el empresario Gregory, por lo que no forzaron ninguna puerta.
La investigación del caso ha sido asumida por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial, cuyos agentes realizaron los arrestos en Alicante y en El Campello.
La Policía ha recuperado parte del material informático sustraído pero de los 500.000 euros no hay ni rastro. Únicamente intervinieron 20.000 euros a una de las cuatro personas detenidas y además requisaron una pequeña cantidad de cocaína, al parecer tres gramos, que tenía uno de los detenidos.
El denunciante cifró inicialmente en 300.000 euros el importe supuestamente sustraído y al día siguiente elevó la cantidad hasta los 500.000 euros en billetes de 500 y 100 euros principalmente. Asimismo denunció que se llevaron documentación en papel y en soporte informático.
Por el contrario, fuentes próximas al empresario detenido negaron de forma tajante que se haya robado dinero en metálico y vinculan dicha cantidad a una deuda que reclama el administrador de Aprilian a los Gregory.
José Vicente Gregory prestó declaración ayer en la Comisaría Provincial junto con el resto de detenidos. Los cuatro arrestados serán puestos hoy a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales.
Tercera detención
El hermano del considerado por la Policía como principal intermediario del caso Brugal ya fue detenido en abril del pasado año junto a su hermano en una operación de la Guardia Civil por una presunta estafa millonaria a una financiera de Renault con el renting de camiones.
Meses más tarde, a principios de noviembre, los dos hermanos Gregory volvieron a ser arrestados por la Policía Nacional por un presunto delito de alzamiento de bienes, hechos en los que contaron con la supuesta colaboración del empresario oriolano Ángel Fenoll, todo ello con el fin de eludir el embargo de las propiedades del grupo empresarial.
Precisamente, fuentes cercanas al caso señalaron a este diario que el denunciante que ha provocado los últimos arrestos por el robo de documentación y dinero es supuestamente un testaferro de los hermanos Gregory.
El arrestado defiende la legalidad de entrar en una oficina propia
José Vicente Gregory, hermano del presunto intermediario del caso Brugal, considera que entrar en sus "propias oficinas" no es delito y que el material informático que se llevó era de su propiedad, según señalaron fuentes próximas al empresario. De hecho, las mismas fuentes indicaron que se trata de una empresa del Grupo Autisa y aseguraron que el administrador que presentó la denuncia por el robo ha estado ilocalizado durante diez días consecutivos y así lo hicieron constar en la denuncia presentada ayer en el juzgado. Los tribunales tendrán ahora la última palabra sobre la legalidad o no de entrar en la oficina. S. LL./P. C.
