«Todo el proceso para adjudicar las obras complementarias de la Plaza de Magallanes fue un paripé para dar apariencia legal a una decisión que se había tomado de antemano». Éste fue el argumento empleado ayer por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, para mantener los cargos contra los cinco acusados por las presuntas irregularidades en la contratación de estos trabajos. En el banquillo se sientan el exvicealcalde de Alicante y exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens; tres técnicos de la concejalía, entre ellos el anterior jefe del servicio, Victor López; y el gerente de la adjudicataria de las obras, Proinger, a quien se considera cooperador necesario. A los cinco se les imputan los delitos de prevaricación y falsedad documental. El juicio entró ayer en su recta final y hoy quedará visto para sentencia con los informes de las defensas.
El fiscal reclama tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para Llorens, mientras que la acusación particular reclama cuatro y once años respectivamente. Para los funcionarios se piden las mismas penas, mientras que para el empresario implicado, la mitad.
La Audiencia juzga las presuntas irregularidades en trabajos complementarios de las obras de reforma de la plaza, cuya adjudicación formal se hizo dos meses después de que se hubieran inaugurado. El fiscal considera que «los acusados no se limitaron a hacer la vista gorda ante una irregularidad» y que el resultado final fue que se prevaricó adjudicando de facto una obra al margen del procedimiento administrativo y luego se pretendió dar apariencia de legalidad al expediente.
La obra se adjudicó a la mercantil Proinger, pero se paralizó a los pocos meses al reclamar los vecinos mejoras al proyecto que les habían prometido desde el Ayuntamiento y que no se habían incluido. Entre ellas, una fuente y una rampa de acceso a la Iglesia. Sin embargo, esos añadidos obligaban a convocar otro concurso, ya que su coste superaba el 80% del presupuesto del proyecto original. Los testigos que declararon ayer aseguraron que el día 5 de febrero de 2009 la fuente quedó instalada, según confirmó la propia empresa que hizo el montaje de la infraestructura. Sin embargo, la apertura de plicas para recoger las ofertas de las distintas empresas interesadas se realizó más de un mes después, a finales de marzo. El fotógrafo de la página Alicante Vivo también señaló que hizo fotos de la fuente en pruebas el 17 de marzo.
Por su parte, el abogado de la acusación particular, José María López Coig, incidió en que el Ayuntamiento había actuado «como si esto fuera su cortijo particular». El letrado señaló que la Corporación tendría que haber adjudicado las dos obras conjuntamente y que ya estaba tomada de antemano la decisión de que la mercantil hiciera todos los trabajos.
Entre los testigos que ayer quisieron dar su respaldo al exconcejal estaban los representantes de la Asociación de Vecinos La Voz, que presionaron al Ayuntamiento para que cambiara el proyecto y acelerara las obras. «Nos habían prometido que iría una fuente, pero nos dimos cuenta de que no estaba prevista en el proyecto», explicó ayer la presidenta del colectivo vecinal, Felicidad Sánchez. «Estoy arrepentida si por culpa de nuestra presión el concejal está aquí sentado, pero él siempre atendió nuestras peticiones», dijo, a lo que añadió que «había hecho un gran servicio al barrio» y no dudó en tildar de «injusticia» todo el proceso. En parecidos términos se expresó el vicepresidente de la Asociación José María Hernández Mata, que subrayó que «para nosotros lo importante no son las siglas, sino las personas» y que Andrés Llorens siempre estuvo receptivo a todas las carencias que le hacían llegar desde el barrio. Ambos subrayaron que su asociación es independiente y sin ningún tipo de servilismo político.
