El exvicealcalde de Alicante y exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, aseguró ayer que la empresa adjudicataria de las obras de la plaza Magallanes empezó a hacer la reforma por su cuenta, aún antes de que se le encargaran los trabajos. Llorens se sienta desde ayer en el banquillo, junto a tres técnicos municipales y al adjudicatario por delitos de prevaricación y falsedad documental. El fiscal les acusa de las irregularidades en estas obras que fueron adjudicadas formalmente a los tres meses de haberse inaugurado, en marzo de 2008. Junto a Llorens, está acusado el exjefe de Atención Urbana Victor López y otros dos técnicos municipales que intervinieron en el expediente, así como el administrador de la empresa adjudicataria, Proinger. Todos los acusados aseguraron que nadie salió perjudicado y que el único objetivo era agilizar la marcha de los trabajos ante la presión vecinal. También se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación particular, que ejerce la dirigente socialista Carmen Sánchez Brufal. El exconcejal popular, que estuvo acompañado por su hermano, se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel y once de inhabilitación que reclama la acusación particular y tres y nueve, respectivamente, que pide el fiscal.

Andrés Llorens explicó ayer ante el tribunal que el proyecto se adjudicó cuando acababa de aterrizar en la concejalía de Atención Urbana. «Vino a vernos la asociación de vecinos porque no estaban de acuerdo con el proyecto porque no recogía sus peticiones», explicó, entre las que se encontraban una fuente y una rampa para acceder a la iglesia. «Paralizamos los trabajos para ver si era factible asumir estas reivindicaciones», señaló. Los trabajos se habían adjudicado por 123.000 euros y con estos añadidos se elevaron a 227.923 euros, hecho que obligaba a convocar por separado un nuevo concurso para sacarlo a licitación. Según explicó, los técnicos le plantearon que lo más ágil era acudir al procedimiento negociado y sin publicidad y que Coinger fue la única empresa que se presentó, planteando un ahorro del 30% al Ayuntamiento. Durante todo el proceso para adjudicar estos añadidos, las obras estuvieron paralizadas y en el entorno de la plaza permanecía vallado. «Había presión vecinal para que el proyecto se reanudara cuanto antes y había riesgo de que los niños se metieran en la parcela en obras», explicó. Llorens aseguró que desconocía los pormenores del proceso administrativo y que él asumió la responsabilidad política de recoger las reivindicaciones de los vecinos. Llorens aseguró que esto ha sido desde el primer momento «una denuncia política» y que «ha acabado con mi carrera política. De no estar en este caso, podría haberme presentado en las pasadas elecciones municipales». Según explicó, al inaugurar la plaza en marzo, todavía quedaban por hacer parte de los trabajos complementarios y la obra no estaba totalmente terminada. «La fuente todavía estaba en pruebas», dijo.

Por su parte, el administrador de Coinger señaló que había trabajos en la plaza que se solapaban. «Nos dijeron en el Ayuntamiento que nos iban a adjudicar los trabajos complementarios y, para que no paralizaran los trabajos, fuimos encargando la fuente porque iban a tardar dos meses en entregarla», explicó. Sin embargo, el trámite administrativo se demoró más de lo previsto. De hecho, aseguró que cuando se inauguró la plaza ya le habían adjudicado los trabajos complementarios.

El exjefe de Atención Urbana Víctor López explicó que se eligió el procedimiento más rápido porque no se podía adjudicar a Proinger directamente estos añadidos. Sin embargo, el proceso se demoró más de lo previsto, porque en la concejalía estaban desbordados redactando los proyectos con los que aspiraban a beneficiarse de las obras del Plan E de Zapatero. López, que ya está jubilado y a quien se le investiga en otros dos procesos judiciales, dijo que él no se encargaba de la supervisión de las obras, pero subrayó que cuando la mercantil inició los trabajos complementarios, el proceso estaba concluido. Los otros dos técnicos imputados son los que tenían que supervisar la marcha de los trabajos: uno del proyecto original y otro, de los añadidos. El segundo fue en la práctica quien realizó las inspecciones de las obras y admitió que detectó que la empresa estaba ya haciendo los trabajos que aún no se le habían adjudicado. «Lo consulté a mi superior y me dijeron que no ocurría nada y que tenía autorización», señaló.

Las preguntas del fiscal Felipe Briones iban encaminadas a que los acusados respondieran qué clase de control de la obra se hizo cuando se iban entregando trabajos que todavía no estaban adjudicados y si hubo algún tipo de imposición por parte del Ayuntamiento sobre el tipo de fuente que había que instalar en la plaza. La vista se retoma el miércoles con las declaraciones de los testigos.