Tablas, por ahora, en el duelo político que libran la Generalitat, presidida por el socialista Ximo Puig, y la Diputación de Alicante, liderada por el popular César Sánchez.el duelo político que libran la Generalitat, presidida por el socialista Ximo Puigla Diputación de Alicante, liderada por el popular César Sánchez Y es que apenas unas horas después de que la institución provincial se rindiera definitivamente ante el Ejecutivo autonómico por la medida «estrella» de la gratuidad de los libros de texto y anunciara que en breve destinará los casi seis millones requeridos para que salga adelante el plan educativo en la provincia, el presidente de la Diputación celebraba una victoria de carácter muy personal, ya que el pleno del Consell se vio obligado ayer a aprobar su inclusión en el Consejo de Administración del Puerto de Alicante. Lo hizo, eso sí, en contra de su voluntad y a petición del Gobierno central, que por ley cuenta cuatro representantes en la institución que dirige desde hace un mes Juan Antonio Gisbert. César Sánchez podrá defender desde dentro el proyecto de la zona franca portuaria, ante la negativa reiterada de la Generalitat de concederle asiento en el máximo órgano del Puerto de Alicante. Esta postura, inamovible por parte del Gobierno que dirige Ximo Puig, obligó al Ejecutivo de Rajoy a hacer uso de sus «privilegios» en la institución y repescar al dirigente provincial, muy interesado en tener un hueco en el Puerto. A partir de ahora, Sánchez ocupará la silla de Alberto Martínez, subdelegado del Gobierno, ya que el Ejecutivo central movió ficha tras recibir el ruego por parte de la Diputación y también del PP de la Comunidad. En concreto, fue el Ministerio de Fomento el que remitió una carta a la Conselleria de Viviendas y Obras Públicas para notificar la propuesta de incluir al dirigente provincial y alcalde de Calp en el organismo portuario. Ayer, además de Sánchez, también entró en el Consejo del Puerto José Enrique Garrigós, de la Cámara, en lugar de Juan Bautista Riera. La maniobra del Gobierno central contra el Consell de Puig se repitió también en Castellón, donde el presidente de la Diputación dispone ya asiento en la Autoridad Portuaria castellonense.
Nuevo foco de batalla
Así, el duelo político entre la Generalitat y la Diputación de Alicante, recrudecido en los últimos días tras anunciar el propio Puig su intención de recortar competencias a las instituciones provinciales en favor del Gobierno autonómico, se mantiene en empate. A partir de ahora la guerra también se trasladará al Puerto de Alicante, que se convierte en un nuevo foco de batalla política entre el PP y el tripartito de izquierdas reunido en el Pacto del Botánico.
Apenas tres horas antes de que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, anunciara en rueda de prensa, tras celebrarse el pleno del Consell, el nombramiento de César Sánchez como vocal en el Consejo de Administración del Puerto de Alicante, el PP en la Diputación de Alicante dio por perdido el pulso mantenido en las últimas semanas por el programa de gratuidad de libros, la conocida «Xarxa llibres». En concreto, fue el portavoz de los populares, Carlos Castillo, quien aseguró que «en unos días» se celebrará un pleno extraordinario en la Diputación para aprobar una modificación de crédito que permita cumplir con la parte del programa de gratuidad de libros que corresponde a la institución provincial. El resto del dinero, más allá de los seis que corresponden al Palacio provincial, saldrá de las arcas de la Generalitat y de los ayuntamientos.
Eso sí, Castillo admitió que la Diputación contribuirá a la «Xarxa Llibres», pero no lo hizo sin más. Aprovechó para seguir atacando al Consell, aunque tras perder la batalla del programa educativo abanderado por el tripartito. «La partida de la soberbia la está ganando Puig», añadió el portavoz popular, critico con el presidente de la Generalitat por no recibir a su homólogo en la Diputación pese a haberse registrado la petición hace algo más de un mes.
A la espera de aprobar la modificación de crédito para la «Xarxa llibres», el pleno de la Diputación de Alicante aprobó ayer dotar con 1,2 millones de euros el Plan de Empleo promovido por la Generalitat Valenciana, al que se han adherido 103 ayuntamientos de la provincia de Alicante.
