El nuevo Consell de izquierdas le ha vuelto a ganar otra batalla política a la Diputación de Alicante, el principal bastión que le queda al PP en la Comunidad. A la cúpula popular no le quedó ayer otra solución que plegar velas y sumarse al plan de la Generalitat para financiar una parte de los libros de texto escolares. Obligados por la presión que supone enfrentarse a una propuesta que ha tenido una excelente acogida entre la comunidad educativa, tanto la dirección regional del PP, con la propia Isabel Bonig a la cabeza, como grupos municipales de los populares -entre ellos algunos tan significativos como el de Alicante- avalaron, con algún matiz, el proyecto del Ejecutivo autonómico que comparten los socialistas y Compromís. Un cambio de postura que, sin embargo, chocaba con el rechazo frontal que las instituciones provinciales de Castellón y Alicante, los dos reductos populares, habían mostrado unas horas antes. «Las diputaciones del PP se van a sumar», rectificó Bonig en un comunicado que enmendaba la plana al titular de la corporación alicantina, César Sánchez, que sólo tenía la salida de ratificar que entrará también en la financiación del plan aunque exigió a la Generalitat que ponga encima de la mesa su parte del dinero de forma inmediata.
El presidente de la Diputación de Alicante pierde así su segundo pulso con el Consell después de quedar excluída la institución del órgano de gobierno del Puerto, en una medida que, de salida, pone punto y final a uno de los anuncios estrella de Sánchez: crear una zona franca en el muelle alicantino. Con el plan para financiar los libros escolares, los populares se tragaron el anzuelo que lanzaron el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, de Compromís. Anunciaron el programa para financiar con unos 100 millones de euros -a porciones iguales entre la administración autonómica, provincial y local- parte de los libros de texto a las asociaciones de padres sin avisar ni a la Diputación de Alicante ni a la de Castellón. Lo hicieron a sabiendas. El PSPV y Compromís controlan la corporación provincial de Valencia y, sumadas sus fuerzas, unas 350 alcaldías, entre ellas las de las principales ciudades. Así que, a pesar de la negativa inicial, en la Generalitat estaban convencidos de que, finalmente, los populares cederían al quedarse entre la espada y la pared lastrados por un discurso en contra de facilitar fondos a las familias para los libros de texto que les dejaría a los pies de los caballos. «¿Tienen algo mejor en lo que gastarse el dinero que en Educación?», apuntaron ayer desde el Consell.
La estrategia para facilitar la adhesión de los municipios o de las diputaciones, de hecho, ya ponía al PP en un escenario muy complicado. En principio, la idea de la Generalitat es que cada institución apruebe una moción en la que se adhiera al plan. Luego el procedimiento es sencillo. La conselleria de Educación ingresará en una cuenta su parte a cada consistorio. Igual tienen que hacer las diputaciones. Una vez cada usuario presente la factura en su administración local será el ayuntamiento el que pague. Así que, por esa vía, el que no se acabe sumando a la iniciativa se retrataría ante los ciudadanos. Pero es que, además, en el caso del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, corría el riesgo de quedarse en minoría en el pleno provincial. El único representante de Ciudadanos estaba dispuesto a sumar su voto al de los 15 diputados de la izquierda -socialistas, Compromís y EU- para facilitar que la corporación provincial se sumara a la iniciativa.
El equipo de gobierno del PP en la Diputación tuvo que echar el freno y dar marcha atrás. «Estaremos siempre al lado de los más necesitados y apoyaremos iniciativas sociales que redunden en mejorar la calidad de vida de las personas», señalaron desde la institución provincial antes, sin embargo, de apelar al «trabajo conjunto» y de dudar del encaje legal del proyecto en sus competencias. Para el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, en estos momentos, César Sánchez «ya es un presidente desacreditado». La intención del Consell es asumir por completo el gasto a partir de 2016, según explicaron fuentes autonómicas. Al cierre de la edición, confirmaron desde las diferentes administraciones, no se había producido ni un contacto entre la Generalitat y la Diputación de Alicante.
