Las defensas de la exregidora Sonia Castedo y del empresario Enrique Ortiz han reprochado al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que pida ahora al juez de Rabasa que incorpore a la causa las presuntas dádivas del promotor a la exdirigente municipal que ya investiga otro juzgado por supuestos favores en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), cuando en cinco años el Ministerio Púbulico nunca ha concretado que estos mismos presuntos regalos lo fueran también por otras actuaciones urbanísticas como el Plan Rabasa.

Ambas defensas han alegado contra recurso del fiscal con el que pidió a la Audiencia Provincial que obligue al juez Juan Carlos Cerón a incorpora al caso Rabasa los supuestos regalos de Ortiz a Castedo que ya obran en la investigación por presuntas irregularidades en el PGOU, que instruye otro magistrado, el juez Manrique Tejada.

Como ya publicó este diario, Briones recurrió ante la Audiencia Provincial de Alicante la negativa del juez Cerón de incorporar al caso Rabasa seis presuntos regalos a Castedo por estar investigándose en otro procedimiento judicial. Según el fiscal, los presuntos regalos de Ortiz a Castedo como los viajes a Andorra e Ibiza en 2008 y 2009, el vehículo Mini Cooper o la contratación de personas allegadas a la exalcaldesa en empresas del promotor sirvieron como contraprestaciones por supuestos favores urbanísticos coetáneos, ligados a proyectos importantes para la ciudad como el Plan General o el Plan Rabasa, que podrían responder a un delito de cohecho continuado.

Los abogados de la exalcaldesa, Juan José Martínez y José María Asencio, manifiestan en su escrito de alegaciones al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público que el fiscal trata de juzgar a Castedo dos veces por los mismos hechos al pedir que dos juzgados distintos asuman investigar hechos similares. «Es evidente que la petición de la Fiscalía insta a un doble enjuiciamiento a los fines de una condena plural», remarcan en su escrito.

Las defensas de Castedo sostienen, asimismo, que las peticiones de Felipe Briones «atentan las bases del derecho procesal sin que esta parte llegue a comprender que se puedan efectuar más allá de las razones que pudieran existir en procedimientos viciados de origen».

Por su parte, el abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, acusa a Briones en un escrito presentando ante el juzgado el 6 de febrero de «doble persecución» a través de una «acrobacia procesal para construir una peculiar teoría consistente en afirmar que las dádivas eran genéricas» y atribuir, así, que los supuestos regalos a Castedo lo fueron también por el Plan Rabasa.

Reprocha Ruiz Marco al fiscal que venga ahora con esta tesis, cinco años después de que concretara en junio del año 2010 que las presuntas contraprestaciones «lo eran concreta y específicamente para sobornar a la señora Castedo provocando causalmente, con esas dádivas concretas, que ella realizara hechos delictivos o injustos en relación con la tramitación del PGOU», indica el escrito del letrado. La defensa de Ortiz recoge también la parte del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizado sobre presuntas irregularidades en el Plan General -el mismo documento urbanístico que ahora el nuevo alcalde de Alicante ha decidido desterrar- y en el que se afirmaba respecto a esas mismas dádivas que éstas lo eran en relación a los distintos hitos del PGOU.

El letrado argumenta que el único tipo penal que cabría en este caso sería el delito de cohecho y no el cohecho continuado al que alude el fiscal «en su pretensión de reutilizar las dádivas» que se investigan en el PGOU. Según Ruiz Marco, la posibilidad de que se diera un cohecho continuado obligaría a unificar ambas causas en una sola, concretamente en la que instruye el Plan Rabasa por ser más antigua, algo que también ha estimado la defensa del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus.

Por otro lado, en relación a las escuchas del caso Rabasa, el juez Juan Carlos Cerón ha solicitado a la UDEF que aclare si en el informe sobre el que se basan las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa y la llegada de Ikea a suelo de Ortiz se incluyeron pinchazos que no fueron certificados por el secretario judicial del juzgado de Orihuela que ordenó la intervención de las escuchas, indicando en su caso fecha e intervinientes. Esta petición ya fue solicitada a los investigadores policiales el pasado mes de noviembre, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta sobre la misma.