El Ayuntamiento de Alicante ha presentado en el juzgado que instruye las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de remodelación de la Plaza de Magallanes irregularidades en la adjudicación de las obras de remodelación de la Plaza de Magallanes un escrito en el que, a diferencia del resto de acusaciones, sostiene que no hubo delito en la actuación del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, ni en ninguno de los tres técnicos del área y empresario imputados respecto a los trabajos de acondicionamiento del citado espacio público del barrio de La Florida.
Mientras que el fiscal Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por el PSOE, solicitaron tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para el edil por los delitos de prevaricación y falsedad documental, el Ayuntamiento, que se personó en la causa como acusación particular, no ve «delito alguno», según se expone en el documento, más propio de una defensa que de una acusación.
Anticorrupción, primero, y el PSOE después, pidieron poco antes de verano a la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Alicante la apertura de juicio oral contra Llorens y el resto de encausados así como prisión e inhabilitación por haber adjudicado las obras de la plaza más de dos meses después de que acabaran.
Sin embargo el Ayuntamiento no ve delito en ello y considera que en ningún caso hubo prevaricación ni fafsedad documental en el acta de inicio de las obras, como sí recogió el fiscal Felipe Briones en su escrito de acusación, en el que definió como «clamorosa ilegalidad» la forma de adjudicación a Coinger en el año 2009. El Ayuntamiento considera que sólo podría hablarse «de una irregularidad de carácter administrativo y sin trascendencia alguna» y que aunque así lo fuera se trataría de una «simple infracción administrativa que no ha causado perjuicio alguno ni al interés público ni a terceros, sino todo lo contrario».
El Consistorio destaca en su escrito que en su día «el acto administrativo fue firme sin que interpusiese recurso quien podía hacerlo y por parte de quien, ahora, se erige en acusación particular», refiriéndose a la exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante Carmen Sánchez Brufal quien denunció los hechos representando al PSOE.
La explicación según el Ayuntamiento es que el importe de las modificaciones en la plaza solicitadas por los vecinos encarecieron el proyecto, y se consideró excesivo tramitarlo como una ampliación del contrato, por lo que se decidió tratarlo como un proyecto aparte a efectos de su contratación. Según el Ayuntamiento, una vez finalizado el proceso de licitación causaba más perjuicio para el interés público paralizar las obras que continuar con ellas, por lo que se decidió seguir con los trabajos pese a no haberse producido todavía la adjudicación definitiva del contrato. Añade el escrito que hubo presión vecinal y que hubiera habido perjuicio económico para el Ayuntamiento si se bloqueaban las obras, además de afirmar que la Ley de Contratos del Sector Público permite las obras con carácter provisional cuando el hecho de no continuarlas supongan perjuicio público. Termina el documento alegando que no se observan en todo el procedimiento judicial elementos que muestren un delito de falsedad documental y que no existió voluntad de alterar la realidad. Por todo ello pide el sobreseimiento libre en una actuación que, fuentes de la Fiscalía, calificaron de «nunca vista» en un escrito presentado por una parte acusadora.
