El gerente de la empresa que realizó la construcción de las obras complementarias de la Plaza Magallanes del barrio de La Florida de Alicane antes de que éstas fueran oficialmente adjudicadas por el Ayuntamiento a la empresa Coinger, declaró ayer ante la juez que asumió el riesgo de continuar con las obras antes de que fueran adjudicadas debido a que tenía la convicción de que éstas le iban a ser otorgadas como suele ser habitual con las empresas que se han hecho cargo de la obra principal y por la "brutal" presión vecinal que ejercieron los residentes de la zona para que se acometieran las reformas que solicitaron.

Así, el gerente de Coinger indicó ante la magistrada y a preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que fue el propio empresario quien decidió asumir por su cuenta y riesgo la finalización de la obra porque pararla suponía una pérdida de unos 50.000 euros, según explicaron ayer fuentes del despacho de abogados que ejerce la defensa del constructor a preguntas de los medios de comunicación.

Asimismo, la defensa destacó que se trataba de una subasta a la baja y que tenían la confianza de que en un 99% se lo iban a dar a Coinger porque no iba a concurrir nadie más a la subasta, como así fue. La defensa del empresario recalcó ayer que es "absurdo" pensar que ha habido trato de favor a Coinger cuando es una mercantil que con la plaza de Magallanes "sólo obtuvo un 2% de beneficios" y recordó que de las obras que contaron con financiación del Plan E, que fueron un centenar aproximadamente en Alicante, Coinger "sólo se adjudicó tres o cuatro". A preguntas de este diario sobre la normalidad de que las empresas recurran a esta práctica de realizar obras sin su adjudicación formal, -algo que la Ley no contempla- el letrado manifestó que puede ocurrir, porque lo normal es que se adjudiquen a la misma empresa que realiza la obra principal de contratos menores aquellas obras añadidas o complementarias, a lo que habría que sumar la presión de la presidenta de la asociación vecinal para que se hicieran las obras cuanto antes, entre ellas, remodelación de la fuente y otros aspectos. El gerente de Coinger, que acudió en calidad de imputado, afirmó ante la juez que no conoce al edil Andrés Llorens ni a los que fueron técnicos de la concejalía imputados en la causa: Víctor López y Samuel Zaragoza. El fiscal Anticorrupción pidió a la juez que citara en calidad de imputado al gerente de la firma, ya que el responsable de la mercantil al que se había citado previamente era el jefe de obra. La juez se negó pero finalmente la Audiencia obligó en la resolución a los recursos que se citara al gerente de la misma en calidad de imputado.

Por otro lado, fuentes cercanas al caso destacan que en la causa existe un informe pericial que valora en menos de 12.000 -y no en 50.000- el total de las pérdidas que hubiera supuesto para la empresa la paralización de las obras comenzadas y pertenecientes al nuevo contrato. Las mismas fuentes destacan que en la documentación municipal la supervisión de las mismas no está suficientemente acreditada por el director facultativo.

La juez investiga si hubo irregularidades en la adjudicación en el año 2009 de las obras, ya que éstas se iniciaron antes de que se presentaran las plicas para concurrir a la subasta y antes, por tanto, de su adjudicación.