El Consell no se mueve ni un ápice. A sabiendas de que las arcas autonómicas se encuentran en una situación de colapso financiero y de que el PP se está jugando su continuidad en la Generalitat para los comicios de 2015, el Ejecutivo de Alberto Fabra está dispuesto a plantar cara para evitar que Madrid imponga más ajustes en la Comunidad.
La Generalitat no quiere ni oír hablar del documento con más de 250 medidas con nuevos recortes ni del debate sobre los planes de reequilibrio autonómicos que se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima semana. Descarta meter aún más la tijera en los servicios públicos -el conseller Juan Carlos Moragues ya lo ha dicho en un sinfín de ocasiones y ayer mismo lo reiteró la portavoz María José Catalá- y, además, ha remitido a Montoro un plan con medidas de ahorro pero que evita nuevos hachazos en la cobertura social, ya muy deteriorada después de siete años de crisis económica.
Las propuestas que la conselleria de Hacienda ha enviado al Gobierno -ver cuadro anexo- se centran en reducción del gasto corriente (agua, luz, aire acondicionado...), actualización de equipos informáticos, una central de compras de medicamentos para toda España, vender residuos o reordenación de plantillas. No suponen ni un sólo ajuste de las partidas sociales. Cabe recordar que la Comunidad está a la cola en el reparto de la financiación autonómica con un expolio de unos 1.000 millones de euros anuales y que con el dinero que llega desde el Estado apenas se cubre un 80% del presupuesto necesario para poder afrontar el «día a día» del presupuesto de Sanidad y de Educación.
El problema para la Generalitat es que con ese paquete de medidas de ahorro no le llega para cumplir con los 1.300 millones de recorte que se han generado a raíz del incumplimiento del déficit en 2013. Apenas podría atenderse una cuarta parte de ese desfase. Y, casi seguro, tampoco se podría cuadrar el objetivo para este año. El Ministerio de Hacienda, durante la última visita a Valencia del número dos de Hacienda Antonio Beteta, ya dejó claro, sin embargo, que todavía quedaba margen.
El Consell no sólo se ha mostrado totalmente en contra de los ajustes desde ese momento sino que, además, confiaba en un cambio de la financiación para sumar ingresos, un melón que el Gobierno -el propio Montoro lo volvió a explicitar ayer- no quiere abrir ahora. La crisis mantiene la recaudación por los suelos y el Gobierno no está en condiciones de iniciar un proceso que puede alimentar aún más el conflicto entre las autonomías, incluso, entre las comunidades bajo mando del PP.
Algunas como la Comunidad, Murcia o Aragón están en una situación muy complicada y sus reivindicaciones entroncan con las de gobiernos socialistas como Andalucía o nacionalistas como Cataluña y Canarias mientras que Galicia y Extremadura -en mucha mejor situación económica y sin la presión de tener que acudir al rescate para sobrevivir- presionan para que se apliquen a rajatabla las medidas de contención del déficit. Así las cosas, el Gobierno va a intentar llegar a un acuerdo en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima semana para evitar una rebelión de las autonomías con problemas. ¿Cómo? Por lo pronto, el Gobierno rebajó ayer el tono.
No se aplicarán, apuntó Beteta y el propio Montoro durante un acto en Barcelona, nuevas tandas de recortes. Pero sí habrá que reducir gastos, apuntaron, por la vía de la eficiencia. Un eufemismo para intentar calmar los ánimos. Y, desde luego, habrá que cumplir con el déficit. Tendrán que aceptar los planes de reequilibrio de sus cuentas en su condición de incumplidoras, como la Generalitat. Es una condición indispensable para acceder al «maná» del fondo de liquidez y, por tanto, para poder capear los gastos de la administración. Es decir, habrá que aceptar medidas para reducir todavía más los gastos en tanto que no habrá ingresos extras por la vía de la financiación.
A cambio, Montoro, tal y como anunció ayer, relajaría las condiciones de devolución de los préstamos del rescate y también el volumen de los intereses. Sería un balón de oxígeno para la Generalitat, el gobierno autonómico que más deuda ha acumulado -unos 14.000 millones- con los fondos de líquidez y los planes de pago a proveedores inyectados desde Madrid. Cabe recordar que la Generalitat paga 3,5 millones al día en intereses por su deuda. Además, apuntaron diversas fuentes, el titular de Hacienda podría guardarse otro as en la manga para convencer a las autonomías: incrementar el volumen de los anticipos que luego, a su vez, se deben de retornar. Una vía para vencer resistencias. Pero sería más pan para hoy y más hambre para mañana.
