La Sindicatura de Cuentas lanzó ayer una propuesta al Consell para adelgazar sus enormes gastos en el ámbito sanitario. En un amplio informe sobre la gestión del concierto de resonancias magnéticas, el órgano fiscalizador desvela que la privatización de este servicio está acarreando unas «pérdidas» anuales de 16,7 millones a las arcas autonómicas. Esa cifra es la cantidad de dinero exacta que ahorraría la Generalitat, según la Sindicatura, si no hubiera optado por la fórmula de la concesión. Es decir, si en vez de haber optado por privatizar esas pruebas, las hubiera realizado «con medios propios».
El título del documento -«Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro»- ya deja entrever la propuesta del órgano auditor. En el texto se explicita, en primer lugar, que la Conselleria de Sanidad adjudicó la concesión a finales de 2008 a la UTE Erescanner -integrada por las empresas que ya prestaban el servicio en los distintos hospitales- durante un periodo de 10 años. Desde entonces y hasta finales de 2012, las firmas han facturado a la Generalitat 173,9 millones. De ellos, sin embargo, más de 10 no se habían abonado y se encontraban catalogadas como facturas en los cajones. Es decir, fuera de presupuesto.
La cuantía abonada habría sido netamente inferior si las exploraciones se hubiesen realizado desde el ámbito público. Según los cálculos de la Sindicatura, la UTE percibió el pasado año una media de 257,19 euros por cada informe que realizó (visitas de los pacientes a los centros hospitalarios y sus correspondientes resonancias). Si las exploraciones se hubieran acometido desde el sistema público de salud, ese guarismo habría sido «sólo» de 108,36 euros, de acuerdo con el informe. El ahorro, por tanto, sería considerable.
Otra alternativa para reducir gastos sería realizar las resonancias magnéticas en equipos de la empresa concesionaria, pero que los informes los emitan facultativos del hospital y no de la empresa privada. Si se optara por esa vía, la Conselleria de Sanidad vería reducido su gasto anual en una horquilla que oscila entre los 406.000 euros y los 2 millones, en función del porcentaje de exploraciones asumidas. La tercera recomendación que realiza el órgano estatutario para adelgazar la factura sanitaria pasa por que sea la administración pública y no la UTE la que adquiera un producto que se inyecta a determinados pacientes para que el radiólogo pueda observar con más claridad ciertas áreas del cuerpo. «Si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en torno a 900.000 euros», reza el informe de la Sindicatura de Cuentas.
Otro aspecto destacado del documento es el descontrol de la Conselleria de Sanidad a la hora de fiscalizar el servicio de resonancias magnéticas. Los tres hospitales de la provincia en los que opera la UTE suspenden. Algunos, incluso, con muy mala nota. Por ejemplo, el de Sant Joan. Hasta enero de 2013, el servicio estaba externalizado. Desde ese mes, sin embargo, son profesionales públicos los que lo han asumido. Pues bien, desde 2008 hasta 2012, el control de las exploraciones que se realizaban allí era prácticamente nulo, según revela el texto.
La petición para realizar las pruebas no la canalizaba el servicio de radiodiagnóstico del hospital; tampoco se evaluaba la petición; las solicitudes facturadas no llevaban una etiqueta con las exploraciones realizadas; y no se comprobaba la equivalencia de las pruebas realizadas con el tipo de resonancia que en realidad se hacía. En resumen, el control brillaba por su ausencia.
El Hospital General de Alicante aparece como el segundo peor de la Comunidad Valenciana a la hora de fiscalizar la prestación del servicio.
Aparecen las mismas lagunas que en Sant Joan, aunque a cada factura sí le acompañaba una etiqueta con las pruebas practicadas.
El informe además pone cifras a los continuos retrasos en los pagos de la administración autonómica. La concesionaria del servicio de resonancias tampoco se libra. Pese a que hasta hace unos meses el plazo máximo legal para pagar estaba cuantificado en 60 días, Sanidad tarda ni más ni menos que 297 días. Con ese guarismo se presume harto complicado que la Generalitat puede abonar sus facturas a finales de año a 30 días, tal y como exige ahora una directiva europea. Ese es el objetivo del Consell. Pero una vez que acabe 2013, se acabarán los planes de ayuda del Gobierno central. La empresa parece una quimera.
El PSPV denuncia el «despilfarro y la opacidad» del Consell
Las reacciones al informe de la Sindicatura de Cuentas no tardaron en llegar. El portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, exigió ayer la comparecencia urgente del conseller del área, Manuel Llombart, para explicar el documento del órgano fiscalizador. «En él se desvela la opacidad del Consell y el despilfarro cometido con la privatización de este servicio», denunció Subías en un comunicado. El parlamentario del PSPV recordó que su grupo se opuso en 2008 a la concesión de las exploraciones a empresas privadas, pero el PP se opuso. «Los datos del informe nos demuestran ahora el gran despilfarro que el Consell realiza con la gestión privada de muchos de los servicios», reiteró Subías.
