Ataviado con su traje oficial de intendente, justo un día después de haber sido detenido y tras quedar en libertad con cargos, el jefe de la Policía Local de Santa Pola ayer daba la cara públicamente. Y lo hacía para expresar su «firme defensa» de las actuaciones de la Jefatura en todas sus áreas, incluida la del suministro de uniformes, por la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una investigación.
No quiso esperar más tiempo y compareció desde su puesto de trabajo, al que, según confesó, había acudido con «normalidad», para atender sus obligaciones al frente de la Jefatura. Pero, detrás de esa serenidad, también se podían ver los signos del varapalo sufrido tan solo unas horas antes, cuando los agentes de la Policía Nacional le sorprendieron en su despacho y se lo llevaron hasta la Comisaría de Alicante. José Miguel Zaragoza defendió su inocencia y negó cualquier irregularidad. Es más, calificó de «desproporcionada» la medida adoptada anteayer y denunció que «carecía de motivación alguna».
Junto a él los oficiales Roque Alemañ y Pascual Linares, presidente y expresidente del Club de Atletismo de Santa Pola, respectivamente, también fueron detenidos. Uno de ellos se encontraba ayer de permiso, y el otro también había acudido a su puesto de trabajo. Además, entre los arrestados figuraba el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Pérez Huerta, y cinco empresarios de la firma de Redován Almacenes Riera. Sin embargo, el único que ayer quiso dar explicaciones públicas fue el intendente jefe.
José Miguel Zaragoza, hermano del exalcalde de Santa Pola, ratificó que la denuncia partió del equipo de gobierno por unos presuntos hechos delictivos por los que, según él, «nunca se llegó a abrir ningún expediente informativo, ni investigación interna, ni lo elevaron a Fiscalía, ni a otro órgano judicial, como otras veces se ha hecho».
No en vano, también puso en entredicho al Ejecutivo local por el hecho de en ningún momento decidiera apartar a los encargados de hacer las contrataciones, pese a haber podido encontrar presuntas irregularidades. Algo con lo que el intendente relacionó con la existencia de «intereses» por parte del equipo de gobierno.
Zaragoza reconoció ayer haber tenido constancia de la denuncia presentada por el equipo de equipo a la UDEF y aseguró que después se llegó a poner a disposición de la Policía Nacional para aportar cualquier documentación.
«Siempre he actuado bajo los principios de transparencia y honestidad en mi función», defendió con la intención de limpiar su imagen ante la población santapolera tras la detención.
El jefe de la Policía Local también advirtió que, una vez que se esclarezcan los hechos, tomará las medidas oportunas para que se depuren responsabilidades a los que han realizado una acusación hacia su persona. Frente a las acusaciones vertidas sobre los tres agentes, el intendente quiso poner en valor a la plantilla, a la que describió de «altamente profesional, cualificada y honesta», y reconoció que «no se merece estar pasando por esta situación».
