Seis personas y tres empresas son las que, por el momento, están siendo investigadas judicialmente, según confirmaban ayer a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Se les atribuye delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación por un presunto amaño de contratos en la compra de uniformes y otros materiales de equipamiento para la Policía Local y Protección Civil. En concreto, se investiga si los agentes y las empresas fraccionaron contratos para que las adjudicaciones pudieran hacerse de forma directa e incluso si en algunos casos no se llegó a entregar el material, pese a que se pudo haber pagado. No obstante, el caso todavía se encuentran bajo secreto de sumario.
Frente a ello, tanto el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza como su abogado insistieron en que todavía desconocen las «conductas concretas» que se le atribuyen sobre las presuntas irregularidades cometidas. Tras comenzar los registros en la Jefatura de la Policía Local y en el Ayuntamiento, desde el Ejecutivo local sostuvieron que los contratos se aprobaban directamente en las juntas de gobierno, al tratarse de cuantía menor.
El procedimiento que se seguía, según el equipo de gobierno, era pedir presupuestos a las empresas y la que presentaba la mejor oferta obtenía la adjudicación. En diciembre de 2016, el Ayuntamiento empezó a elaborar un nuevo pliego para la contratación.
