Un presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Local y Protección Civil en Santa Pola se saldó ayer con nueve detenidos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una investigación contra el jefe de la Policía Local de la villa marinera, José Miguel Zaragoza; otros dos oficiales; el exconcejal de Seguridad del PP Antonio Pérez Huerta; y cinco empresarios de la firma de Redován Almacenes Riera. Los efectivos tratan de esclarecer si los arrestados cometieron supuestos delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental. En concreto, se investiga si los agentes y la empresa fraccionaron contratos para que las adjudicaciones pudieran hacerse de forma directa e incluso si en algunos casos no se llegó a entregar el material pese a que se pudo haber pagado.
A primera hora de ayer, un total de nueve personas eran detenidas en Santa Pola y la Vega Baja, y trasladadas hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante y la de Orihuela para prestar declaración. Ya, a última hora de la tarde, todos quedaban en libertad con cargos y abandonaban las dependencias policiales acompañados de sus abogados. Entre los apresados de la Jefatura santapolera se encuentran los oficiales Roque Alemañ y Pascual Linares, presidente y expresidente, respectivamente, del Club de Atletismo de Santa Pola, entidad organizadora de la Media Maratón. Linares, además, es coordinador de Protección Civil dentro de la Jefatura. También fue arrestado el exconcejal Antonio Pérez Huerta, responsable del área de Seguridad Ciudadana durante el último mandato del exalcalde popular, Miguel Zaragoza. Precisamente, el intendente jefe de la Policía Local de Santa Pola es hermano del exmandatario del Ayuntamiento y actual diputado provincial y, a su vez, del intendente jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza.
Los agentes de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal desembarcaron a primera hora de la mañana en las instalaciones policiales para revisar toda la documentación relacionada con la compra de material de equipación desde el año 2012 hasta ayer mismo. Inspeccionaron los equipos informáticos de la Jefatura de la Policía Local y también los del Ayuntamiento de Santa Pola hasta primera hora de la tarde.
En mitad del dispositivo, el intendente José Miguel Zaragoza era detenido en su despacho, y también el oficial Roque Alemañ. El otro agente, Pascual Linares, se encontraba de días libres, por lo que su arresto se produjo fuera de las instalaciones municipales.
Tras prestar declaración, desde el entorno de los investigados, defendieron su inocencia y mostraron su confianza en la Justicia. Al mismo tiempo, aseguraron a este diario que se está trabajando en su defensa y en las explicaciones públicas que tienen previsto dar en breve.
Hasta las mismas dependencias policiales también se desplazó la alcaldesa y concejala de Policía, Yolanda Seva, así como el edil de Protección Civil, Francisco Carbonell. Ambos confirmaban que la UDEF les había hecho un requerimiento judicial para poner a su disposición información relacionada en torno a los equipamientos de esas dos áreas por presuntas irregularidades.
No descartaron tampoco que con el envío de todo el material intervenido ahora en el Ayuntamiento se puedan producir más detenciones en el marco de esta operación. No en vano, durante más de cuatro horas, se extendieron los registros de los efectivos de la Policía Nacional.
Pese a que la información que ayer recogieron los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal partía del año 2012, desde el inicio del último mandato del popular Miguel Zaragoza, desde el Ayuntamiento no precisaron si la Policía Nacional también podría extender sus investigaciones a los años anteriores. Lo que sí que explicaron es que los efectivos requirieron toda la información que, por obligación, tiene que estar en el Ayuntamiento y que corresponde a los seis últimos años.
Estallido
El detonante de esta operación se remonta a diciembre de 2016, cuando el Ejecutivo local detectó, según denunció ante la Policía, lo que consideró que eran irregularidades en uno de los contratos relacionados con el equipamiento de la Policía Local y de Protección Civil. Este tipo de procedimiento iba a aprobarse directamente a través de la junta de gobierno local, al tratarse de contratos de cuantía menor, según explicaron a este diario fuentes municipales.
Fue entonces cuando, a finales del ejercicio pasado, el equipo de gobierno tomó la decisión de paralizar las contrataciones. Desde el Ayuntamiento, indicaron que el procedimiento que se había seguido hasta el momento era pedir presupuestos a las empresas y la que presentaba la mejor oferta obtenía la adjudicación. Sin embargo, según sostuvieron desde el equipo de gobierno, el proceso «no era transparente», y eso hizo activar la maquinaria. Desde ese momento, el Ayuntamiento se encuentra elaborando un pliego de condiciones para la contratación de los uniformes, con el objetivo de sacar a licitación la compra de los equipamientos. Asimismo, otras fuentes municipales apuntaban a que la elevada cantidad de material que se solicitaba por parte de la Policía Local y el hecho de que siempre se adjudicara a la misma empresa hizo levantar las sospechas. El proceso está bajo secreto de sumario y la operación sigue abierta.
Mientras, desde el Partido Popular de Santa Pola emitieron un comunicado por la tarde en el que mostraron públicamente su confianza en la labor de la Justicia para que con la máxima celeridad posible se aclaren los hechos. La formación pidió, además, respeto a la presunción de inocencia y a la investigación que continúa en estos momentos. Los populares denunciaron la «instrumentalización de informaciones con la vil voluntad de condenar antes que un juez y hacer el mayor daño posible a nuestro partido, las supuestas personas implicadas, y sus familias y amigos».
