«Como llevamos ya varios años con una subida del 0,25% y no es justo, es hora de que la gente diga hasta aquí hemos llegado», aseguraba ayer muy enfadada Eloísa, de 72 años, que participaba en la concentración de pensionistas, convocada en Alicante -también en Elche y Orihuela- por UGT y CC OO para protestar por la «mísera» subida de las prestaciones. Un incremento que este año ha representado de media -y como máximo- dos euros más al mes, y que les ha hecho perder poder adquisitivo, si se tiene en cuenta que los precios el pasado año se situaron en el 1,1%. Y a ello hay que sumar otros costes básicos, como el del recibo de la luz, que subió un 10,8% en 2017, según los últimos datos de la asociación de consumidores Facua.
El índice de revalorización del 0,25% se incluyó en la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno en 2013, desvinculando la actualización de la evolución del IPC. Sin embargo, los pensionistas lo que reclaman es, precisamente, que se revierta la situación, que el aumento de las prestaciones vuelva a ligarse al incremento de los precios y que, en definitiva, los perceptores cobren unas «pensiones dignas. Las que nos merecemos por lo que hemos cotizado», añadía Antonia, de 84 años.
La mayor pérdida de poder de compra se ha producido en los dos últimos años, que es cuando los precios han mantenido una tendencia al alza. En 2016, subieron un 1,6% y el pasado año, un 1,1%. Si se mantuviera el esquema anterior a la reforma, los pensionistas alicantinos percibirían 9,58 euros más al mes, en vez de los hasta 2 euros de media que cobran con la revisión del 0,25%, según los cálculos de UGT. Por su parte, CC OO estima que la merma en la capacidad de compra en los dos últimos años ha sido de más de 17 euros al mes.
Son cifras que sobrevolaban en la concentración de ayer en la calle Mayor de Alicante, ante la sede de la Seguridad Social. Muy cerca se encontraban un grupo de turistas japoneses y otro de nórdicos que se pararon a presenciar la movilización. Aunque poco más tarde decidieron pasar entre los manifestantes para seguir su camino.
Más manifestantes
La participación en la protesta fue más numerosa que en anteriores ocasiones. «Y muchos pensionistas no pueden estar aquí porque o están haciendo la comida a los nietos, recogiéndolos del colegio o llevándolos al médico. Una situación que se repite en muchas familias en las que los abuelos tienen que echar una mano a los hijos», subrayaba uno de los manifestantes. Eloísa y su marido, de 76 años, no se encuentran en estas circunstancias, «porque nos acabamos de jubilar y nuestras pensiones nos dan para vivir. Pero estamos aquí porque también hay que pensar en la gente que cobra lo mínimo. Y ¿cómo van a vivir esas personas que, incluso, tienen que apoyar económicamente a sus hijos?», se pregunta. También Rosa, de 71 años, cobra una pensión de la que puede vivir. «Pero estoy aquí para quejarme por los demás, por mis hijos y mis nietos», subrayó.
Las cifras son tozudas. En la provincia hay 311.539 personas retiradas de la vida laboral, y a un tercio de ellas el Gobierno les tiene que completar la cuantía porque no llegan al mínimo. Y, además, casi el 60% del total de pensionistas percibe una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el pasado año se situó en 707 euros mensuales. Pero la pensión media provincial tampoco es de las más elevadas. Supera ligeramente los 800 euros mensuales, lo que sitúa a Alicante entre las doce provincias con las jubilaciones más bajas.
El mantra en la concentración fue tildar de «mísera» la subida del 0,25%. «El Gobierno tiene para todo y no para pagar las pensiones. Se han olvidado de nosotros», incidía Antonia. Ella percibe una pensión de 300 euros. «¿Cree que con 300 euros puedo vivir? Gracias que la prestación de mi marido es algo mayor y podemos ayudar a mi hija, que ha estado varios años en paro. Y aunque hace poco ha encontrado un empleo, le seguimos apoyando para pagar el piso y la comida».
En una situación similar a la que describe Antonia se encuentran más de 14.000 hogares en la provincia. Familias con algún miembro en paro que salen adelante gracias a la pensión del abuelo, según los datos de la Encuesta de Población Activa.
En este punto, Eloísa vuelve a preguntar ¿Por qué han tenido que tocar la "hucha de las pensiones"? ¿Para remediar sus cosas? Pero para nosotros no hay dinero; pues no es justo», se quejaba. Charo, de 64 años, aunque no tiene hipoteca que pagar ni familiares a su cargo tiene «que estirar su presupuesto», ya que su pensión es de 500 euros. Una cuantía que tiene que dar para comer y pagar gastos básicos. Un estudio de Facua revela que en el último año el recibo de la luz de un usuario medio se elevó a 75,59 euros mensuales (impuestos indirectos incluidos), frente a los 68,20 euros de 2016. Es decir, 7,39 euros más. También se ha incrementado el precio de la bombona de butano, que muchas familias utilizan en la cocina y en estufas para calentarse. En enero ya era un 14% más cara que un año antes, según Facua.
La próxima movilización por unas «pensiones dignas» será el 17 de marzo, según avanzaron ayer en València los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.
En un momento en que crece la presión en la calle, el Pacto de Toledo ha decidido retomar la próxima semana el debate sobre la subida de las pensiones, tras la bronca sesión de ayer. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá en el Congreso «en diez o doce días» para realizar un debate con todos los grupos sobre pensiones en el Congreso.
