18 de julio de 2017
18.07.2017

El fiscal al tribunal sobre la cúpula de la CAM: «Han hecho trampas»

El Ministerio Público mantiene los cargos para los dos exdirectores generales y cuatro exdirectores de la caja mientras los retira para el exresponsable de Información Financiera

18.07.2017 | 10:06

Este último abandona la sala tras sumarse las demás acusaciones a su exculpación.

Ayer fue día de rebajas en la sala de la Audiencia Nacional que está juzgando a la última cúpula de la CAM. De entrada, el banquillo de los acusados perdió a uno de sus ocho ocupantes al retirar el fiscal y el resto de las acusaciones los cargos para Salvador Ochoa, exdirector de Información Financiera de la caja y quien con un «pues me voy» respondió a la indicación de la presidenta del tribunal de que estaba libre de culpa y que podía permanecer en la sala o marcharse. Todos coincidieron en que al exdirectivo se le ocultó la información sobre las operaciones con que supuestamente se engordaron las cuentas de la entidad, lo que se está juzgando.

También Modesto Crespo vio rebajada la acusación que pesa sobre él tras exculparle el abogado del Fondo de Garantía de Depósitos, Carlos Gómez-Jara, quien argumentó que el expresidente de la CAM, aún en su condición de garante, nunca hubiera podido evitar el falseo contable por tratarse de «cuestiones muy técnicas». Una presunta responsabilidad que minimizó también el representante de los afectados por las cuotas, el letrado Diego de Ramón, y que se suma a la petición de sobreseimiento que el fiscal mantuvo para el empresario ilicitano.

Todo esto ocurrió durante la primera de las cinco jornadas reservadas para las conclusiones y la exposición de los informes de acusaciones y defensas, que ayer consumieron las primeras.

Tono duro

En un tono correcto y hasta didáctico en la forma pero duro en el fondo, el fiscal Luis Rodríguez Sol mantuvo los cargos y la petición de condena para los dos exdirectores generales de la caja, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como para los exdirectores Francisco Martínez, Teófilo Sogorb, Juan Luis Sabater y Vicente Soriano: 7 años y medio de prisión para los cuatro primeros y 14 y 10 meses respectivamente para los dos últimos, estos en calidad de cómplices, por los delitos falsedad contable, apropiación indebida y estafa, entre otros.

«Que los árboles no nos impidan ver el bosque en una causa tan compleja y con una maraña de números como ésta», comenzó diciendo el acusador público antes de entrar directamente a matar. Rodríguez Sol relató el modo en que los entonces responsables de la caja maquillaron su contabilidad (mediante la incorrecta calificación de créditos y las titulizaciones, la venta de fallidos pero con opción de recompra) y puso el acento en que ambas operativas se hicieron «de forma intencionada, no por error».

Con calma pero lanzando sus frases como dardos, el acusador precisó que aunque no se puede achacar a este falseo la desaparición de la caja, lo que está claro es que declarar beneficios (65 millones) cuando se arrastraban pérdidas (1.136 millones) no sólo confundió a los inversores sino que permitió a los acusados cobrar unas retribuciones a las que no tenían derecho.

Saliendo al paso de afirmaciones que han venido realizando las defensas, en el sentido de que realmente la caja tenía beneficios y que, por lo tanto, nada se falseó, el fiscal fue claro: «Lo importante no es que haya ganancias o pérdidas sino que el beneficio sale porque se han hecho trampas (...) se ocultó la tasa de mora y hasta que la propia caja estaba pagando los intereses de los préstamos que concedía. Si tan seguro se estaba de ganar la partida, ¿por qué se hicieron trampas?», se preguntó.

Sobre el cobro de incentivos, Rodríguez Sol no fue menos letal. «Los complementos se pagaron basados en unos beneficios ficticios y por eso se fueron buscando interpretaciones para poder cobrarlos. Sólo se cortaron un poquito cuando se dieron cuenta de que se habían pasado», dijo en alusión a la devolución de parte de lo abonado a Caser para garantizarse unas suculentas pensiones.

Para el fiscal, «no hace falta demostrar que cada inversor ha consultado las cuentas. El daño se ha producido porque se ha distorsionado la realidad. Ahí hay engaño suficiente para causar un perjuicio», espetó en relación a quienes compraron cuotas. Y responsabilizó de ello a «los administradores de hecho de la entidad», en alusión a los acusados. Rodríguez Sol considera que Caser debe responder directamente por las cuotas y la responsabilidad civil de los altos cargos y éstos han de hacerlo con sus bienes por las retribuciones indebidamente cobradas.

En cuanto a la subsidiaria, aunque no excluyó expresamente a la Fundación CAM, sí apuntó directo al Sabadell, en coherencia con su interpretación de que la entidad catalana debe ser indemnizada por la actuación de los exdirectivos, pero también responder ante los damnificados por ello.

Fundación CAM, 67 millones

Precisa fue también la exposición del representante de la Fundación CAM, Alejandro Figueroa, quien fijó en 67 millones el daño que ha provocado a la heredera de la Obra Social la quiebra de la caja. Un hundimiento que, precisó, «quizá se podría haber evitado de haber actuado antes».

Para Figueroa está claro que se está hablando de un delito societario, no de mercado. «Para bien o para mal los cuotapartícipes no tenían cultura financiera ni en mucho casos general. No sabían lo que estaban comprando pero han perdido todo su patrimonio por la actuación delictiva de unos señores», señaló.

El letrado, que mantuvo la acusación para Modesto Crespo basándose, entre otros hechos, en que formaba parte de la comisión de titulizaciones, apuntó que «si el expresidente se enteraba o no, eso es algo que tendrá que valorar el tribunal». En cuanto al cobro supuestamente indebido de retribuciones, el letrado tampoco se arredró al afirmar que «se intentó dejar rastro documental de que todo se estaba haciendo bien».

Dinero público

Por el Fondo de Garantía de Depósito, Gómez-Jara quiso dejar clara la «naturaleza pública» de los 5.249 millones que este organismo inyectó a la CAM, «un dinero que estamos pagado todos», apostilló. El abogado llamó la atención sobre la obligación que tenía la caja de mostrar una imagen fiel, máxime cuando estaba pidiendo ayuda pública. «Y lo que había era una entidad con graves problemas de liquidez que de cara para fuera era un mundo feliz porque había que demostrar que era viable».

El penalista cargó toda la responsabilidad de este falseo contable en el comité de dirección, del que formaban parte los acusados, «que tenían obligación de veracidad y son los que remitían las cuentas al Banco de España antes de pasar por el consejo de administración».

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