Esta mañana se ha retomado el juicio para los ocho exresponsables ocho exresponsablesde la CAM juzgados por el presunto falseo de las cuentas de la caja. En la sesión de hoy el Fondo de Garantía de Depósitos ha retirado la acusación para el último presidente de la caja, Modesto Crespo. La acusación particular también ha retirado la acusación para Crespo y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Este último ha abandonado el banquillo de los acusados y la sala tras retirarse la acusación contra él.

Mientras tanto la Fiscalía Anticorrupción mantiene los cargos contra los otros seis miembros de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que ha acusado de "hacer trampas" en los estados de 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio por operaciones "sin lógica económica".

Durante la lectura de sus conclusiones, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha asegurado que esas "cuentas falseadas" de forma "intencionada" consolidaron una situación de "tranquilidad" en el ejercicio siguiente que ocasionó un "daño innegable" tanto al mercado como a los inversores, quienes "no habrían adquirido cuotas participativas de haber sabido que no obtendrían nada".

En este sentido, ha cargado contra los exdirectivos de la entidad por "engañar" e "inflar" el resultado con el único fin de "ganar la partida" y mejorar la liquidez, objetivo para el cual considera acreditado que los siete incurrieron en una gestión con "deficiencias críticas" que avaló operaciones sin sentido cuyos riesgos no fueron controlados.

Entre éstas, ha señalado el pase de créditos fallidos a normales, estrategia que, junto a las titulizaciones, figura en uno de los correos remitidos por el ex director general y "administrador de hecho" de la caja Roberto López Abad en noviembre de 2010, en el que se hacía eco de la precaria liquidez de la CAM, que necesitaba de 300 millones de euros.

Asimismo, ha tildado de "imposible" que a 31 de marzo de 2011, después de la ruptura definitiva del proceso de fusión con otras cajas, las cuentas reflejaran 39,8 millones de beneficio, una cifra fruto de seguir con la operativa incorrecta de reclasificación de títulos y que "proyectó tranquilidad" al inversor.

El Ministerio Público ha destacado a López Abad por ser el primer responsable de las irregularidades cometidas en el seno de la caja, así como a su adjunta, María Dolores Amorós, en tanto que ha señalado al ex director general de Riesgos Francisco Martínez como cooperador necesario al ser su departamento el encargado de ejecutar las titulizaciones y reclasificaciones de créditos investigadas.

Una acusación similar a la que formula contra el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, quien "conocía las cuentas perfectamente como experto que era" y, además, autorizó unas retribuciones de 47,3 millones para el equipo directivo que "nunca deberían haberse percibido de haberse reflejado los resultados reales".

De este modo, acusa a los cuatro de un delito de falsedad contable continuada y de estafa, por lo que mantiene su petición de siete años y medio de cárcel, una solicitud que baja hasta el año y dos meses en el caso del exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater.

Sobre el ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a diez meses de cárcel, el fiscal ha reconocido que su participación fue más limitada que la del resto, si bien lo continúa creyendo "cómplice" de la estafa; tampoco ha variado su postura en relación al expresidente de la CAM Modesto Crespo, contra el que no ejerce cargos.

La Fiscalía ha pedido también que los acusados abonen las indemnizaciones tanto a los inversores de cuotas participativas entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011, fecha en la que la CAM fue intervenida por el Banco de España, así como a Banco Sabadell, que, no obstante, podría tener que hacer frente a una posible responsabilidad civil extracontractual.