El exdirector general de la CAM Roberto López Abad se prejubiló poco antes de la intervención de la entidad por el Banco de España con unas «condiciones especiales» previstas para el cuadro directivo pese a que se había acogido al ERE planteado para todo el personal de la caja.

Así lo ratificó ayer el perito judicial Ángel Regúlez a preguntas del abogado de la Fundación CAM, Alejandro Figueroa, a quien explicó que el exalto ejecutivo tenía que haberse acogido a las condiciones pactadas para todos los empleados y no a las acordadas para la cúpula, que implicaba una remuneración más elevada, máxime cuando en la entidad no existían los contratos de alta dirección. López Abad cobró 5,5 millones por este concepto.

El nombre de López Abad no figuraba en el listado de prejubilaciones a fecha de enero de 2001, explicó el perito, a quien le llamó la atención que se incorpara tras la ruptura del intento de fusión con Cajastur, Caja Canarias y Caja Extremadura por las dudas sobre la solvencia de la entidad, lo que supuso en el principio del fin de la que llegó a ser la cuarta caja de país.

Desde la filas del exdirector general se defendió que todos los pasos que dio contaron con la aprobación de los órganos de gobierno y su derecho a acogerse a un acuerdo de jubilación con las condiones mejoradas dado el cargo que tenía.