Acusarán por las dietas de Crespo a López Abad, al consejo de la CAM y al expresidente

El juez considera que, a propuesta del director general, los consejeros aprobaron por unanimidad una remuneración para el empresario por un cargo que no le supuso «esfuerzo ni responsabilidad»

03.05.2016 | 08:41

Acuerda que se les juzgue por apropiación indebida y administración desleal.

Hasta el banquillo de los acusados van a llevar las dietas que cobró el presidente de la CAM Modesto Crespo al propio beneficiario de los pagos, al director general de la caja que los propuso, Roberto López Abad, y a los 19 miembros del consejo de administración que los aprobó, entre ellos los tres vicepresidentes de las entidad: Ángel Martínez, Antonio Gil Terrón y Armando Sala.

Así lo ha dispuesto el juez Alejandro González Mariscal de Gante en un auto notificado a última hora de la mañana de ayer y que, de hecho, supone lo que vendría a ser el procesamiento de los 21 investigados por estos hechos con la excepción de quien fuera letrado de la CAM Juan Martínez-Abarca representado por el abogado Moisés Candela a quien exime de toda responsabilidad penal al entender que el acta en la que figuraba la luz verde al abono no fue falsificada, en contra de lo que mantienen la mayoría de los consejeros.

El juez, a quien la instrucción le llegó prácticamente cerrada de la Audiencia Nacional, asume la tesis que ha venido manteniendo el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol, quien sostiene que todos los consejeros sabían lo que estaban haciendo cuando apoyaron con su voto el nombramiento de Crespo como presidente del consejo de administración de la participada Tinser Cartera S. L. (una filial de la CAM dedicada a la tenencia de participaciones empresariales) y el pago de 300.000 euros anuales en concepto de dietas, una parte con carácter retroactivo. Un acuerdo que permitió al empresario ilicitano y también expresidente de Coepa embolsarse 640.000 euros en apenas dos años por supuestamente controlar una mercantil cuya gestión hasta ese momento no le había costado un céntimo a la CAM.

El juez, quien da tres días a las partes para recurrir su decisión (algo que algunos de los procesados ya han anunciado a este periódico que harán, tanto ante el instructor como en apelación a la Audiencia), recoge que de las diligencias practicadas ha quedado claro que «Crespo recibió al menos 600.000 euros por el desempeño de unas funciones de presidencia de un órgano de administración, que en Tinser Cartera S. L. carecían de dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad, y que en la CAM eran gratuitas por disposición legal», según recoge el auto.

Añade además que de la investigación que, a instancias de Anticorrupción, inició el magistrado Javier Gómez Bermúdez se desprende que el acuerdo que convirtió a Crespo en el primer presidente de la CAM que cobraba «se adoptó por unanimidad de todos los miembros incluido el propio Sr. Crespo», y que fue López Abad quien hizo la propuesta. Y agrega que «ningún otro miembro del consejo de administración cobró cantidad conforme lo hizo Don Modesto Crespo Martínez, quien recibió 150.000 euros imputables a un periodo anterior a su nombramiento en el que no desempeñó cargo alguno en la sociedad Tinser Cartera S. L.».

El juez une esta circunstancia al hecho de que en los Estatutos de la CAM no quedara duda sobre el «carácter honorífico y gratuito de los consejeros de la entidad, entre los que se encontraba el presidente, quienes no podían generar percepciones distintas de las dietas por asistencia y gastos por desplazamiento que aprobase la Asamblea General a propuesta del Consejo de Administración, dentro de los límites máximos que en cada momento estableciese la autoridad competente».

Delitos y grados
En línea con los argumentos del fiscal, González Mariscal de Gante precisa que los hechos objeto de esta pieza (una de la media docena donde se está investigando la gestión de la CAM) podrían ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida y administración desleal sin precisar, como sí hace el fiscal en su escrito, el grado de partipación de cada no. El acusador público sostiene que Crespo sería responsable en concepto de autor mientras que considera coautores al resto de los miembros del consejo y cooperador necesario o inductor a López Abad.

El juez emplaza al fiscal y a la Fundación CAM, la otra acusación personada, para que en el plazo de diez días «soliciten el sobreseimiento o la apertura de juicio formulando escrito de acusación y, en su caso, práctica de nuevas pruebas».

La Fundación ya remitió un escrito cuando el asunto aún se encontraba en Madrid (desde donde se remitió a Alicante por incitativa del fiscal refrendada por la Audiencia Nacional) en el que se posicionaba a favor de acusar sólo a Crespo y no presentar cargos contra el resto de los ahora procesados en este procedimiento.

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