La causa abierta por el cobro por parte del último presidente de la CAM, el empresario de Elche Modesto Crespo, de 640.000 euros en concepto de dietas acabará de tramitarse en los juzgados de Alicante, donde se juzgará de continuar las actuaciones que, a instancias del fiscal anticorrupción, se venían desarrollando en la Audiencia Nacional desde otoño de 2014. Ha sido el tribunal de la sección segunda de la sala lo Penal de este órgano judicial el que al final ha resuelto que el asunto abandone Madrid después de meses del posturas enfrentadas entre el instructor, partidario de que el asunto se resolviera allí, y el acusador público, a favor del traslado a Alicante. Un planteamiento al que se opusieron la mitad de los investigados en esta causa, el exdirector general Roberto López Abad, el exvicepresidente Ángel Martínez, los exconsejeros Martín Sevilla y Luis Esteban o quien fuera letrado de la caja Juan Martínez Abarca, entre otros, que defendían que el asunto no saliera de la Audiencia Nacional.
Pieza separada de la principal
El proceso se abrió como pieza separada de la principal (la que investiga el presunto falseo de las cuentas de la caja) para indagar la percepción por parte del Crespo de los 640.000 euros, una parte con carácter retroactivo pese a considerarse que se trataba de pagos en concepto de dietas.
Para ello, al cargo de presidente de la CAM se le sumó el de presidente del consejo de administración de Tinser, una empresa participada de la caja, con una asignación anual de 300.000 euros. Hasta ese momento ni había existido ese cargo ni ningún presidente de la CAM había cobrado nada ni Tinser había necesitado de ese órgano para funcionar, que se siguió gestionando como antes del nombramiento de Crespo, según apuntó ante el juez quien se encargaba de la gerencia.
Junto a Crespo, a López Abad y a Martínez Abarca fueron imputados (lo que ahora se llama investigados) en esta causa todos los miembros del consejo de la CAM que aprobó el nombramiento y la retribución a Crespo. Una veintena de consejeros que, en su mayoría, coincidieron en declarar ante el juez que el asunto de las dietas nunca se llevó al consejo y que se debió introducir después a sus espaldas.
Cuando la instrucción estaba ya prácticamente acabada y únicamente queda que el juez decida si archiva el asunto o contra quién o quiénes continúa las actuaciones, el fiscal planteó el cambio a los jugados de Alicante para evitar que pudiera surgir un conflicto de competencias dado que, argumentó, la cantidad cobrada por Crespo no era algo desorbitado y la sede de quien considerada perjudicada por este abono (la propia participada, ahora en manos del Sabadell) se encuentra en Alicante.
Frente a la tesis del acusador público, tanto el instructor como los investigados que se opusieron al traslado incidieron en el hecho de que este proceso se abrió como pieza separada de la principal y que de no ser competente la Audiencia Nacional para asumir este asunto tampoco lo sería para el resto de los procesos, uno de los cuales ya se ha juzgado.
Al cambio también se opuso la Fundación CAM, acusación particular, que ya se ha manifestado a favor de continuar las actuaciones contra Crespo y quien considera que la perjudicada por la actuación de quien fuera el último presidente de la caja fue la Obra Social, no Tinser.
Decisión firme
Con el auto dictado ahora, contra el que ya no cabe recurso, el siguiente paso será remitir la causa a Alicante para su reparto al juzgado de Instrucción que tiene que acabar esta fase y, de continuar las actuaciones, enviarlo a un juzgado de lo Penal para señalar la vista oral.
