Los 640.000 euros que Modesto Crespo cobró durante los escasos dos años que estuvo al frente de la presidencia de la CAM le ha supuesto a los 19 miembros del consejo de administración de la caja que aprobaron esa remuneración su imputación en la pieza separada que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acaba de formar para investigar todo lo relativo a este abono, unos hechos que tipifica en principio como un delito de administración desleal o/y de apropiación indebida.
Tal y como viene publicando este diario desde el pasado viernes, el juez ha estimado los argumentos del fiscal anticorrupción quien, además de pedir que se desgajara el asunto de las dietas de la pieza principal (la que investiga el presunto falseo de las cuentas de la entidad y la autoasignación por parte de la cúpula de unas remuneraciones muy por encima de a las que tenían derecho, un proceso en el que Crespo también está encausado), instaba al magistrado a que citara como imputados a todos los asistentes a la reunión del consejo del 27 de noviembre de 2009, día que se aprobó del nombramiento del empresario de Elche al frente de la participada Tinser y el abono de unas dietas anuales de 300.000 euros, parte de ellas con carácter retroactivo. Por este concepto Crespo se embolsó 640.000 euros en menos de dos años y sin realizar actividad alguna a cambio de semejante remuneración.
En un auto dictado ayer, Gómez Bermúdez cita a los 19 componentes del aquel consejo, que aprobó el acuerdo por unanimidad, distribuidos en siete jornadas entre los días 28 de octubre y 13 de noviembre. Salvo modificaciones, la ronda de declaraciones arrancará con la terna de quienes ocupaban las tres vicepresidencias de la caja (Ángel Martínez, Antonio Gil-Terrón y Armando Sala) a los que seguirá el secretario del consejo, José Forner, los también miembros de la comisión de retribuciones Luis Esteban y Martín Sevilla (quienes emitieron un informe junto a Gil-Terrón a favor del abono de las dietas), y el resto de lo consejeros entre los que se encuentran sindicalistas, representantes de los impositores y consejeros nombrados a propuesta de las Cortes.
También a instancias de la acusación pública el instructor ha citado en calidad de testigo a Alfonso Rodríguez Rabadán, administrador único de Tinser antes del nombramiento de Crespo, consejero delgado mientras el empresario ilicitano estuvo al frente del consejo de la participada y quien volvió a ser administrador después de su cese. Y ha reclamado al Sabadell que aporte las actas de las juntas generales de Tinser desde el 9 de diciembre de 2009 al 26 de septiembre de 2011, diligencias con las que es muy probable que el fiscal busque corroborar la falta de actividad de una sociedad por la que su presidente percibió 640.000 euros en unos momentos, además, en que la crisis estaba en uno de sus momentos más crudos.
Aunque contra este auto cabe recurso, su interposición no implica necesariamente la suspensión de las comparecencias.
