El futuro pinta muy negro para la Institución Ferial Alicantina (IFA), al menos en estos momentos. Y es que la posición predominante en el seno del nuevo Consell es que las presiones van a servir más bien de poco, por no decir de nada. Aún no ha habido ninguna reunión formal entre la dirección de la entidad y los responsables de las consellerias de Economía y Hacienda, y la postura oficial tanto desde un departamento como desde otro es que todavía no hay nada en firme, que habrá que celebrar un encuentro, y que aún están en fase de estudio de la situación con el fin de llegar a un diagnóstico claro. Sin embargo, los primeros informes técnicos que se manejan a nivel interno apuntan a que hoy por hoy no hay un proyecto sólido que avale una reestructuración de la deuda, como pretenden desde IFA, en la que se incluya no sólo la refinanciación de los algo más de 70 millones que se adeudan, sino también los 4,7 millones de euros que, como mínimo, se requieren para inscribir el proyecto de reparcelación y para completar las obras de urbanización de la ampliación, paralizadas desde hace tres años y ejecutadas al 85%. La postura del Ejecutivo autonómico es la que es: nada de refinanciación si no hay un plan de viabilidad que garantice ya no sólo la rentabilidad a corto plazo, sino que, al mismo tiempo, asegure que todo lo que se haga servirá única y exclusivamente para reforzar la actividad ferial.
De entrada, y más allá de la dirección hacia la que apuntan los informes técnicos, desde el Gobierno valenciano tienen claro que IFA es un problema que depende de varios departamentos. Por un lado, está la Conselleria de Economía, en cuyo titular, Rafa Climent, recae la presidencia del comité de dirección de la institución. Por otro lado, está la Conselleria de Hacienda, la de Vicent Soler, que es la que tiene el control del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco de la Generalitat con quien la institución alicantina mantiene el grueso de su deuda financiera y que, además, es el avalista de los préstamos firmados con otras entidades financieras. Por ello, y para evitar conflictos interdepartamentales, como los ya vividos recientemente a raíz de la reestructuración del IVF, desde una conselleria y desde la otra abogan por una solución integral y consensuada para IFA. Ahora bien, eso no quita para que todas las miradas apunten hacia Economía, quien, por su papel en el comité de dirección, es quien debe asumir el liderazgo en el desarrollo del plan de viabilidad.
De hecho, será de ese plan del que dependa la viabilidad y la supervivencia de IFA. Hasta ahora, los dirigentes del recinto ferial siempre han defendido que su proyecto de viabilidad es la única tabla de salvación a la que aferrarse. Así se lo hicieron saber al anterior Gobierno autonómico, el de Fabra, sin mucha suerte, y así lo siguen manteniendo con el salido de las urnas el pasado 24-M. La tesis que mantiene la cúpula de la entidad alicantina es que la salida pasa por una reestructuración de la deuda, ampliando la línea de crédito en unos cinco millones para acabar la ampliación, de manera que se llegaría a los 75 millones más o menos. Con ello, no sólo lograrían ganar tiempo para hacer frente a los pagos, sino que podrían ofrecer a la Generalitat como garantía los activos, de forma que cualquier ingreso que se obtenga de la venta o concesiones del suelo vaya directamente a las arcas autonómicas para hacer frente a lo adeudado. De no ser así, IFA tendrá que cerrar la persiana y el Consell, como avalista, se quedará con otro «pufo» de unos 70 millones, avisan.
Desde el Ejecutivo valenciano, sin embargo, no lo ven así. La postura mayoritaria es que falta una justificación más clara del proyecto. No basta con ofrecer como garantía los activos. Quieren informes, documentos y, llegado el caso, contratos o precontratos que avalen que hay una demanda real en esa zona y que eso puede acabar relanzando la actividad ferial para que sea sostenible por sí misma. Su misión no es meter fondos en un proyecto urbanístico que no aporte nada a la actividad ferial, subrayan en petit comité algunos altos cargos de la Generalitat. Por ello, mejor perder 70 millones ahora que optar por meter 7 millones más, sin garantía alguna, y acabar engordando el agujero, alegan. Ahora habrá que ver cuál es el peso final de esos primeros informes técnicos, la capacidad de convencer que tienen los mandatarios de la institución alicantina y la decisión que se acaba tomando en los despachos. Mientras tanto, la situación de IFA sigue en el aire, y episodios como los vividos en Feria Valencia ayudan más bien poco.
