La viabilidad de la Institución Ferial Alicantina (IFA), y, por tanto, su supervivencia, está en manos del Consell. La falta de liquidez es asfixiante, la deuda ronda los 70 millones, y el proyecto de urbanización, que es la tabla de salvación a la que se aferra la cúpula de la entidad, está paralizado desde hace casi tres años, ya no sólo sin que se pueda sacar rentabilidad alguna, sino deteriorándose por momentos la obra y, por consiguiente, haciendo que, al final, se corra el riesgo de que se disparen los costes. Ante este escenario, IFA ha optado por redoblar la presión ante la Generalitat, sin que, cierto es, hasta ahora haya servido de mucho. El objetivo es muy claro: no es otro que lograr una reestructuración de la deuda, que incluya la refinanciación de los créditos ya existentes y que, además, se amplíe de manera que se puedan conseguir los 700.000 euros necesarios para inscribir el proyecto de reparcelación, lo que permitiría empezar a sacar rentabilidad a los activos. El objetivo es ése y, a poder ser, incluir los cinco millones que se estima que podría costar acabar las obras de urbanización, ejecutadas ya al 85%. En definitiva, desde la entidad, persiguen un balón de oxígeno por la vía de una refinanciación de unos 75 millones a 50 años, a un interés relativamente bajo en una situación como la actual, y con tres o cuatro años de carencia, lo que haría posible ganar tiempo.
Evidentemente, con esta situación de partida, las puertas de cualquier entidad financiera privada están cerradas para la institución alicantina. La solución sólo puede llegar de la mano del Consell. Así se lo hizo saber la directiva del recinto ferial al anterior equipo de Fabra, y así lo han hecho llegar ya también a los de Ximo Puig. Al fin y al cabo, buena parte de la deuda esta contraída con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la que se mantiene con entidades financieras está avalada por la Generalitat, lo que, a efectos prácticos, es lo mismo. Sin embargo, no ha sido la única vía utilizada. Un informe elaborado por el propio IVF -y remitido a principios de agosto a las Cortes- sobre las incidencias detectadas en los avales durante el primer trimestre pone en evidencia que el banco del Consell se vio obligado a finales de abril a dar un nuevo préstamo a IFA con el fin de hacer frente a las cuotas de amortización de febrero y marzo -de unos 55.000 euros cada una-, y a los intereses correspondientes, del préstamo que en su día concedió CaixaBank. En teoría, el pago debía haber sido atendido por la institución ferial y, posteriormente, la Administración autonómica se lo reembolsaría con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). IFA eludió el adelanto, primó los gastos generados por el negocio operativo, y forzó así la firma de un nuevo préstamo por parte del IVF que seguirá engordando la deuda con más intereses. No en vano, entre créditos originarios y refinanciaciones posteriores, sólo el año pasado se contabilizaron en torno a los 1,7 millones de euros en intereses, a lo que habría que sumar las amortizaciones de capital, con la Generalitat como responsable último en calidad de avalista.
No ha sido ésta la única medida de presión. La cúpula ya mantuvo diversas reuniones con el anterior Ejecutivo autonómico, sin que los consellers Buch y Moragues, llegaran a dar solución alguna. Poco menos que se dedicaron a tirar balones fuera, y a seguir parcheando la situación, bajo el paraguas de los créditos puente. Ahora la dirección ha optado por volver a la carga. No ha habido aún ninguna reunión formal ni con el conseller de Economía, Rafael Climent; ni con el de Hacienda, Vicent Soler, pero sí con otros responsables de sus departamentos para poner sobre la mesa su proyecto: la reestructuración de la deuda total de IFA tomando como garantía los activos, de manera que cualquier ingreso que se obtenga de la venta o concesiones del suelo vaya directamente a las arcas de la Generalitat para ir haciendo frente a lo adeudado. Ahora bien, lo que buscan es que en esa reestructuración se incluya la financiación de la parte pendiente del proyecto de urbanización, la inscripción de la reparcelación -condición ésta última necesaria para poder rentabilizar el suelo-; e incorporar los 2,7 millones de euros que aproximadamente están pendientes de abono a diversos acreedores, de manera que se ponga el contador a cero, y la entidad pueda centrarse en su negocio operativo. Ahora sólo queda por ver si con el nuevo Ejecutivo autonómico IFA acaba teniendo más suerte.
