Los peores presagios se han cumplido. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) acaba de requerir, vía burofax, a Coepa para que en el plazo de una semana abone el crédito que le dio en su día para la construcción del centro de oficios, situado en el polígono de Babel y que ha estado cerrado dos años, así como todos los intereses que debe en estos momentos. Así las cosas, de cumplir el Consell con su amenaza de ejecutar el crédito, la patronal tendría que hacer frente con carácter inminente a algo más de 3 millones de euros, entre unas cosas y otras, dejando así a la confederación que dirige Moisés Jiménez poco menos que al borde de la desaparición. Sea como sea, la reacción de la patronal alicantina no se ha hecho esperar, y ya ha respondido a ese burofax con otro escrito muy contundente y duro, y así se ha interpretado desde Valencia. En esa contestación no sólo se acusa a la directora del IVF, Mariona Roger, y al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, de incumplir el acuerdo al que llegaron para tratar de buscar una solución a esta patata caliente, sino que culpan a la Generalitat de haber cerrado el grifo de las aportaciones públicas a la organización dejándola en esta situación de desamparo.
No sólo eso. Coepa poco menos que viene a argumentar que esto no es más que un movimiento táctico para tratar de eludir cualquier tipo de responsabilidad. Las cábalas que hace la patronal, de hecho, no son casuales. Este burofax llega poco después de que el presidente de Cepyme en Alicante, Cristóbal Navarro, presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la directora del IVF, pero que también hace extensible a la cúpula del Consell, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y por ayudas públicas ilegales por la «pasividad» a la hora de reclamar la deuda de Coepa.
No obstante, la patronal viene a proponer como solución la dación en pago como posible salida, y como ya ha venido planteando en no pocas ocasiones, aunque no descarta otras soluciones, e incluso recuerda que de lo último de lo que se habló es de la firma de un convenio de colaboración a tres bandas, entre Coepa, el Ayuntamiento de Alicante -como propietario del suelo- y la Generalitat, que permitiría que fuera el Servef quien hiciera uso de las instalaciones para implantar un centro pionero en nuevas tecnologías.
De hecho, no es la ejecución del crédito el único quebradero de Coepa hoy por hoy. La construcción del centro salió adelante en su día gracias a las subvenciones que se recibieron, y que estaban condicionadas a que las instalaciones se dedicaran a la formación. Por eso, en caso de que ese fin no se mantuviera, la patronal podría verse obligada a tener que devolver esas ayudas, que, según consta, sin ir más lejos, en la memoria económica del año pasado, ascendieron a 3,8 millones de euros, «lo que podría condicionar de forma determinante el futuro de la confederación», según se decía literalmente en ese documento.
En cualquier caso, la organización, de momento, no se pone en ese extremo, porque ya con la posible ejecución tiene bastante. Tanto es así que prácticamente ya ha alertado al Consell de que, de cumplir con su amenaza, la cúpula de la patronal no tendría más remedio que declararse insolvente o, de lo contrario, los órganos directivos podrían acabar incurriendo en responsabilidades. Además, avisa al Gobierno autonómico en funciones de que, de seguir adelante con esa ejecución, se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para pedir responsabilidades a técnicos y políticos por incumplir sus compromisos.
Con estos puntos de partida, desde el Consell argumentaban ayer por la tarde que ésta es una medida que se tomó en un comité de inversiones antes de las elecciones del 24 de mayo y que, por tanto, no tiene nada que ver con la salida del PP del Gobierno autonómico. Muy al contrario, alegaron que responde a la imposibilidad de haber encontrado una salida, especialmente después de que el Ayuntamiento de Alicante se negara a ampliar el plazo de cesión del suelo para que, así, también se prorrogaran los plazos de amortización del crédito y se renegociara la deuda. La Abogacía de la Generalitat no dio el visto bueno al acuerdo sin esa ampliación, precisaron. Ahora bien, desde Valencia se mostraban cautos, y aseguraban que habrá que estudiar las alegaciones antes de ejecutar nada. Todavía se puede negociar, admitieron.
Por su parte, el comité ejecutivo de Coepa analizó también por la tarde este requerimiento, precisamente en la sesión en la que se llevaban las cuentas que deben pasar por la asamblea general del próximo 30 de junio, y que arrojan un resultado contable positivo de 126.194 euros. Tras la reunión, quisieron quitar hierro al burofax, dijeron que la salida pasa sí o sí por negociar, y no entraron a valorar las repercusiones que tendrá para la supervivencia de Coepa una posible ejecución.
