Las elecciones de Coepa ya han pasado, y Cepyme se ha quedado fuera. Sin embargo, ni por esas tiene intención de enterrar el hacha de guerra el presidente de las pymes, Cristóbal Navarro. Sin ir más lejos, ayer volvió a dar muestras de ello con sendos requerimientos dirigidos al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; y al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, en los que les exige que fuercen al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a ejecutar los créditos que concedió a Coepa por el centro de oficios de Babel.
La confederación que dirige Moisés Jiménez adeuda en estos momentos unos 2,8 millones de euros por las amortizaciones del préstamo del IVF, y Cristóbal Navarro se ha propuesto ahora atacar por ahí, consciente de que puede acabar convirtiéndose en un golpe letal para la patronal, que ya de por sí atraviesa por una situación económica bastante complicada.
En los escritos, firmados por el propio Navarro, viene a quejarse del agravio comparativo con otras organizaciones integradas en Cepyme a las que se les exige el cumplimiento de los convenios y de los créditos, ya no tanto porque se les exija a ellos como porque no se aplique el mismo rasero a todos y se haga lo propio con Coepa. Alega que de lo que se trata, simple y llanamente, es de cumplir con los principios de igualdad y legalidad. A partir de ahí, el dirigente de las pymes hace un nuevo amago con recurrir a los tribunales para forzar allí lo que no ha conseguido a través del Consell. Abre así la puerta a otro paquete de querellas criminales, que se sumarían a la ya anunciada contra la directora del IVF, Mariona Roger.
El presidente de Cepyme, que adjunta todos los escritos remitidos previamente al IVF, incluso llega a pedir una reunión con Fabra y Moragues para hablar personalmente de esta cuestión.
