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Las cuentas de 2013 revelan que Coepa sigue en quiebra y con una caída del 20% en las cuotas

La patronal duplica al cierre del ejercicio los fondos propios negativos y los sitúa en 1,2 millones de euros, aunque la cúpula descarta pedir la liquidación

Las cuentas de 2013 revelan que Coepa sigue en quiebra y con una caída del 20% en las cuotas

­La situación económica de Coepa es preocupante, extremadamente preocupante. No es un secreto. Sin embargo, las cuentas anuales y el informe de gestión de 2013 no sólo lo corroboran, sino que dan un plus más de gravedad al presente e incluso al futuro de la patronal alicantina. Así se desprende del balance a 31 de diciembre de 2013, que ratifica que la organización que dirige Moisés Jiménez sigue en quiebra técnica por segundo año consecutivo. Es cierto que las pérdidas al cierre del ejercicio pasado se redujeron a menos de la tercera parte, con 613.860 euros, pero no es menos cierto que los fondos propios se mantuvieron de nuevo en negativo, y hasta duplicaron las cifras de 2012. Así las cosas, el resultado de restar el excedente del ejercicio al fondo social dio una cifra negativa que llega a los 1,2 millones de euros, frente a los 646.791 euros del año anterior, y ello pese a que a 31 de diciembre de 2011 era positivo, con 1,7 millones. A ello, además, se suma la caída del 20% en los ingresos por cuotas de asociados, que pasan de los 251.957 euros recaudados hace dos años a los 202.685 euros de 2013, por la reducción de vocalías, los impagos y las salidas de afiliados; y la excesiva dependencia de los recursos públicos.

El documento admite que «existen incertidumbres en torno a la situación financiera de Coepa». En cualquier caso, el comité ejecutivo deja claro que no tiene intención de pedir la liquidación, como ha venido reclamando el vicepresidente estatutario y dirigente de Cepyme, Cristóbal Navarro, quien incluso ha venido alertando de las posibles responsabilidades en las que podría incurrir el órgano de administración de darse el consumo completo de fondos propios -algo que ya ha sucedido- y la incapacidad manifiesta de conseguir ingresos suficientes para cubrir los gastos.

El informe del comité ejecutivo es contundente: «No existen dudas significativas sobre la continuidad de la actividad al menos durante los próximos doce meses», puntualiza. En esta línea, sentencia que «las organizaciones sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante resolución del órgano judicial basada en la realización de las actividades determinantes de la ilicitud o en otras causas previstas en las leyes o en los estatutos», y apostilla que el actual marco regulador de Coepa no establecen la obligación de la liquidación por la situación financiera.

En el escrito que se llevará el viernes a la junta directiva y, posteriormente, pasará por la asamblea general del 30 de junio, la confederación viene a culpar de la situación en la que se encuentra a la crisis económica y, como consecuencia de ello, a la «reducción significativa» de recursos públicos, pese al «proceso de reestructuración» impulsado desde 2012, según se concreta. Tanto es así que la cuenta de resultados pone en evidencia que, durante el pasado ejercicio, el 90% de los ingresos de la actividad propia procedía de subvenciones, demostrando la dependencia de las administraciones, frente al 10% restante procedente de las cuotas. El importe inyectado por la vía de las ayudas pasó de los 2,2 millones de euros de 2012 a los 1,8 millones de euros de 2013.

La tabla de salvación a la que se aferra la patronal para superar este bache pasa por la dación en pago del centro de oficios, lo que le permitiría cancelar las deudas asociadas a este inmueble y soltar lastre, y también por la venta del edificio de la plaza de Ruperto Chapí, que ya se anunció en el comité del viernes que casi está hecha, con una operación que rondaría los 2,3 millones de euros, permitiendo cancelar también este crédito y obtener fondos adicionales.

El comité ejecutivo de Coepa reconoce que, a lo largo de este tiempo, se han impulsado varios expedientes de regulación de empleo, y que no se descartan más ajustes de personal en 2014. La plantilla, a 31 de diciembre de 2013, estaba compuesta por 29 empleados.

En cuanto a las retribuciones de los miembros del comité ejecutivo, el informe destaca que sólo cobra el secretario general, y pone el acento en que su salario declarado ha pasado de los 70.000 euros de 2012 a los 50.000 de 2013.

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