El presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, no está dispuesto a dar por enterrada su cruzada contra Coepa. Por eso, una vez más ha cumplido su amenaza y ha optado por dar donde más duele: en el centro de oficios que la organización de Moisés Jiménez tiene en el polígono de Babel de Alicante. En concreto, Navarro acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, aunque también ha dado traslado a Valencia, contra la directora del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Mariona Roger, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos por su «pasividad» a la hora de reclamar la deuda que Coepa tiene con el banco de la Generalitat. No obstante, el dirigente no se queda ahí, alerta de que esta situación podría ser constitutiva de una ayuda pública ilegalayuda pública ilegal, advierte de que las cuentas del IVF no recogen una imagen fiel, y avisa de que toda esta situación se ha venido produciendo, pese a que era conocida por el ya conseller de Economía en funciones, Máximo Buch; y el de Hacienda, Juan Carlos Moragues; así como por el jefe del Consell, también en funciones, Alberto Fabra. Con ello, en la práctica, Cristóbal Navarro viene a instar a la Fiscalía a que haga extensible la investigación a la cúpula de la Generalitat. El envite no es anecdótico. Cristóbal Navarro es muy consciente de que, en caso de que Coepa acabara perdiendo estas instalaciones situadas en el polígono de Babel, la patronal, dada su situación financiera, estaría abocada a la desaparición. Por ello, pone el acento en todo momento en esa denuncia en que ya no se trata sólo de que Coepa no pague sus deudas, sino de que el Consell no le exige su pago.
Sea a como sea, y más allá de lo que pueda pasar, en la denuncia, el dirigente de la organización empresarial de pymes enumera todos los escritos que, desde el pasado mes de agosto, ha ido dirigiendo al IVF y a la Generalitat, primero reclamando información del préstamo que en su día la entidad financiera dio a Coepa por el centro de oficios y alertando en tono amenazante que en ningún caso se le han reclamado a Coepa los vencimientos que se adeudan; quejándose después de que se le ha denegado cualquier información; siendo más duro en las últimas misivas, cuando ya dejaba claro que pediría responsabilidades por lo que considera una lesión a los intereses públicos.
A lo largo de esa denuncia dirigida a la Fiscalía, desde Cepyme, insisten, como ya hicieran en las cartas remitidas al IVF y al Consell a lo largo de los últimos meses, en la inacción del Instituto Valenciano de Finanzas, en la discriminación en el trato entre organizaciones, e incluso siembra la duda sobre una posible «compra de voluntades» al decir que, al no exigírsele la deuda a Coepa, poco menos que hace que acabe siendo una confederación al servicio de los intereses del Gobierno valenciano, y más en un momento como el actual, en el que acaba de terminar la campaña electoral. Al final, poco más o menos viene a decir que es una estrategia electoral y partidista que del PP para tener a los empresarios alicantinos de su lado.
Paralelamente, en el escrito afirma que el hecho de que en el balance del IVF aparezca contabilizado el crédito, pese a que Navarro sigue insistiendo en que la patronal es insolvente, da pie a que las cuentas del IVF no recojan una imagen fiel de su situación actual. Finalmente, el presidente de Cepyme informa de que el edificio de la plaza de Ruperto Chapí se vendió recientemente -el pasado mes de agosto- sin que nada de los beneficios obtenidos se haya destino a saldar parte de lo que se debe al IVF, pese a que ese inmueble también se adquirió con fondos públicos. Así las cosas, exige a la Fiscalía que investigue estos hechos y que se depuren las responsabilidades que correspondan.
Cepyme ha dado un paso más y también acaba de remitir otro escrito al Ayuntamiento de Alicante en el que pide que en el próximo pleno se lleve como punto en el orden del día la rescisión del convenio con Coepa, por el que se cedía el suelo de titularidad municipal sobre el que se levantó el centro de oficios. Navarro enumera una por una todas las instancias dirigidas en este sentido, y en las que viene a denunciar que la patronal ha incumplido de forma continuada el acuerdo, sobre todo por el tiempo en el que las instalaciones han permanecido cerradas y, por tanto, no se ha impartido formación.
