El Centro de Formación en Prevención de Riesgos Laborales y Oficios situado en el polígono de Babel se ha convertido en los últimos tiempos en un auténtico quebradero de cabeza para la patronal Coepa, por la sangría que está provocando este edificio que lleva ya algo más de año y medio en desuso y que arrastra una deuda que se va incrementando por los impagos. Sin ir más lejos, en septiembre de 2013, las obligaciones pendientes de abonar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se cifraban en 2,8 millones de euros. Sin embargo, el acuerdo que se está negociando a tres bandas entre la organización empresarial, el Ayuntamiento de Alicante, y el Consell, a través del IVF, y que en la práctica viene a ser el rescate de la alcaldesa, Sonia Castedo, a otra patronal, lejos de dar oxígeno a la entidad que dirige Moisés Jiménez podría ahogarla más. De hecho, según los cálculos que manejan en estos momentos en determinados círculos empresariales, la patronal alicantina podría verse obligada a devolver hasta 1,9 millones de euros por ayudas de la Generalitat y fondos europeos, a lo que habría que sumar los intereses de demora, en caso de que el inmueble cambie su uso original, que no es otro que el de centro de formación, y hasta hay quien también ve este riesgo en caso de que haya variaciones en la titularidad.
Las conversaciones entre estas tres partes comenzaron hace ya unos meses para que el Ayuntamiento se pueda quedar con el edificio, que precisamente se levanta sobre un solar de propiedad municipal, y, para ello, la propuesta que hay encima de la mesa es que la Administración local se quede con las instalaciones a cambio de renunciar a parte de lo que le debe la Generalitat, aunque ese importe dependerá de la tasación que se haga de la construcción. Con esta «dación en pago» del centro de oficios mediante una permuta al Ayuntamiento, la patronal le cedería también la deuda con el IVF, que, a su vez, el Gobierno municipal compensaría con lo que le adeuda el Consell.
En un primer momento la intención del equipo de gobierno de Sonia Castedo era quedarse con el edificio, de unos 7.000 metros cuadrados, para trasladar allí las dependencias de la Concejalía de Atención Urbana. Sin embargo, el hecho de que, desde el principio, hayan alertado desde varios foros de que existe la posibilidad de que Coepa tenga que reintegrar parte de las ayudas que ha recibido si las instalaciones pierden el carácter de centro de formación ha hecho que se hayan replanteado las negociaciones.
Tanto es así que, según confirmaban hace unos días fuentes de la Generalitat, en estos momentos se están buscando fórmulas que permitan que el edificio se mantenga como centro de formación, para evitar el reintegro de las ayudas, pero sin renunciar al rescate por parte del Ayuntamiento para que Coepa pueda soltar lastre.
Los convenios firmados para recibir esas subvenciones con las que se financió parte de la construcción del edificio establecían la necesidad de mantener la finalidad de la inversión durante el plazo marcado por los acuerdos, que en algunos casos llega hasta 2019. Es más, según se desprende de algunos de los documentos suscritos por la Administración y la patronal, una de las obligaciones de Coepa es la de «mantener la finalidad del centro», durante el periodo establecido, y que, dependiendo de los casos, va desde los cinco a los diez años. De lo contrario, según las cláusulas, la Administración se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de reintegro en caso de que se incumpliera la finalidad para la que fue concedida esa ayuda, tal y como se detalla.
Desde algunos sectores empresariales, en cualquier caso, reconocen que, de cara al balance de Coepa, la operación sería redonda si no hay que devolver las ayudas, ya que, según concretan, su patrimonio se podría incrementar en un millón de euros, ya que, si bien las instalaciones están contabilizadas por 4,5 millones, por lo que el resultado contable de esta dación en pago sería de 1,6 millones de euros de pérdidas para la organización empresarial, al mismo tiempo podría imputar a resultados como beneficio la totalidad de las subvenciones asociadas a las instalaciones por 2,6 millones de euros, que desaparecerían de su patrimonio neto, por lo que podría registrar un millón de euros de incremento en sus beneficios, según los cálculos que hacen.
