Han sido necesarios más de dos años de denuncias y protestas sindicales y, sobre todo, la cercanía de unas elecciones para que, finalmente, el Gobierno se haya decidido a acabar con el atasco que sufría el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y que provocaba que miles de trabajadores tardaran en ocasiones hasta dos años en recibir sus indemnizaciones. Gracias a un crédito extraordinario acordado con el Ministerio de Hacienda, el organismo público ha sido capaz de abonar casi de golpe -en apenas cinco días- el dinero que debía a unos 158.000 afectados por estos atrasos en todo el país, de los que 7.141 eran alicantinos.
Fue la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que ayer anunció en el Congreso a bombo y platillo este pago, que había sido pactado con los sindicatos hace un par de semanas dentro de la mesa de negociación social en la que también se debate la nueva prestación para desempleados de larga duración. Al respecto, la secretaria general de CC OO en l'Alacantí y les Marines, Consuelo Navarro, valoraba ayer positivamente la medida pero también lamentaba su tardanza, recordando la «difícil situación en que se encuentran muchos de los trabajadores afectados». No en vano, el Fogasa es el organismo responsable de pagar los salarios atrasados y las indemnizaciones por despido a los empleados de aquellas empresas que se declaran insolvente o que, simplemente, cierran sin previo aviso.
Así, la sindicalista recordó que la demora para cobrar llegó a alcanzar los dos años en la provincia, una de las más afectadas por la sobrecarga de trabajo debido a su elevada tasa de paro. Ahora, sin embargo, la propia Navarro confirma que el tiempo de espera es de apenas un mes y medio, tras el pago masivo de los últimos días. «Lo que debemos exigir es que siga así y que no se vuelva a permitir el deterioro de un servicio público esencial, como éste, en un momento de crisis», añadía.
Plan de choque
Por su parte, desde el Ministerio de Empleo destacaron ayer que el abono de las indemnizaciones atrasadas supone la culminación del «Plan GRETA» que se puso en marcha a finales del año pasado y que supuso el traslado de decenas de miles de expedientes a Madrid desde distintas provincias para que se encargara de su tramitación una empresa externa, la pública Tragsa. En el caso de Alicante fueron unos 6.600 los dosieres remitidos a la capital en octubre del año pasado, cada uno de ellos con uno o varios trabajadores afectados.
Sin embargo, a pesar de haberse acelerado la tramitación, la falta de fondos impedía al Fogasa pagar las indemnizaciones hasta que, finalmente, Hacienda autorizó un crédito extraordinario por importe de 940 millones de euros. De esta cantidad, los trabajadores alicantinos beneficiados por la medida han recibido 42,3 millones. Es decir, una media de 5.922 euros por persona. Además de los que sufrían retraso, el Fondo ha pagado este año su indemnización a otros 9.440 trabajadores alicantinos despedidos.
