Más de 6.000 trabajadores alicantinos despedidos por el cierre de sus empresas están aún pendientes de cobrar sus salarios o indemnizaciones por parte del Fogasa debido a que Fondo tiene que afrontar un aumento de expedientes con menos personal que hace un año, según denuncia el sindicato CC OO.
Las medidas de ajuste anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el sector público ya han llegado al Fondo de Garantía Salarial de Alicante. Las vacantes ya no se cubren. Y las tres registradas en los últimos meses en este organismo -dos de ellas por jubilación- no se han repuesto. Así, la plantilla se ha reducido de 15 a 12 personas, que tienen que atender una media de 9.000 expedientes por insolvencias empresariales, frente a los 3.000 que se tramitaban antes de la crisis. En la actualidad, el atasco supera los 5.000 casos, que pueden afectar a un solo trabajador o a más de dos, según el sindicato.
Esta reducción de personal y la avalancha de casos ha dado como resultado que en el último año se haya triplicado el tiempo que un trabajador tiene que esperar para cobrar, bien los salarios o las indemnizaciones que su empresa les adeudaba cuando cerró y se declaró insolvente. Según los datos de CC OO, la demora en los pagos del Fogasa han pasado de los 2,5 meses hasta los 7,5 meses a finales del pasado año. Es decir, se han triplicado. No obstante, el responsable de comunicación de CC OO en l´Alacantí-Les Marines, Salvador Roig, advertía de que la demora puede "alcanzar hasta los 24 meses, si se suma el tiempo de espera hasta que se produce la resolución judicial", tramite previo a la entrada del expediente en el Fogasa en los casos de empresas que se declaran insolventes.
Aunque el trabajador que tenga derecho a la prestación por desempleo, la percibe durante este tiempo, CC OO incide en que el retraso en el cobro durante un periodo tan largo suele agravar la situación económica de las familias afectadas "y más en la actual situación de crisis y con la paralización que sufre el mercado laboral".
El dirigente sindical califica de "inadmisible la doble penalización que supone para los trabajadores el hecho de haber sido despedidos sin que sus empresas les hayan abonado los salarios e indemnizaciones correspondientes, unido a la lentitud de las administraciones a la hora de gestionar sus derechos". En la comisión de seguimiento de este organismo, dependiente del Ministerio de Empleo, el sindicato expresó ayer su "indignación y preocupación por la situación del Fondo, dado que lejos de mejorar su capacidad para dar una respuesta ágil a las necesidades de los trabajadores afectados por los expedientes, ha empeorado en el último año". Para Roig, la plantilla actual "es insuficiente para atender la actual demanda de unos 9.000 expedientes al año".
CC OO pide un plan de choque
De ahí que propusiera en la comisión reclamar al Gobierno un plan de choque que permita eliminar la lista de espera, así como la cobertura inmediata de las vacantes y la ampliación de la plantilla hasta llegar a los 20 trabajadores. En los momentos más crudos de la crisis, a partir de 2009 cuando los cierres empresariales comenzaban a dispararse, al igual que el paro y, paralelamente, la entrada de expedientes en el Fogasa, el Gobierno implantó un programa especial por el que se reforzó la plantilla para aliviar el atasco que sufría el organismo en la provincia. Si bien este plan sólo estuvo en vigor un año.
De acuerdo con el balance del Fogasa, correspondiente a 2011, el número de empresas que presentaron un expediente ante la imposibilidad de pagar lo que les adeudan a sus empleados alcanza las 4.576, que representan doscientas más que en 2010. Es decir, que los casos se han incrementado un 4,6%.
Una muestra de cómo la crisis ha disparado el número de expedientes se encuentra en la comparativa entre los últimos datos -los citados 4.576-, frente a los 1.351 resueltos en el año 2003. La evolución de la estadística revela que en los años posteriores se rebajó esa cifra. En 2005 sólo se presentaron 981 expedientes, pero en 2008 ya se alcanzaron los 1.687 y en 2009 se superó la barrera de los 3.000.
El atasco "distorsiona"los datos de 2011, que reflejan un descenso
El balance de los abonos y trabajadores afectados por los expedientes registrados en el Fogasa en 2011 reflejan una caída del 36,6% en el caso de los trabajadores -que pasan de los 15.019 de 2010 a los 9.509 del pasado año- y de un 31% de las cantidades abonadas -en concepto de salarios o indemnizaciones- a los afectados y que las empresas les adeudaba cuando fueron despedidos. El importe baja de los 86,8 millones de hace dos años a los 59,1 de 2011. No obstante, para CC OO estos datos "no son reales", ya que atasco que sufre el Fogasa "distorsiona los datos" porque los casos se han multiplicado, según advertía Salvador Roig, de CC OO.
