La insostenible y caótica situación de las dependencias del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de Valencia -junto con las de Madrid y Barcelona- ha llevado al ministerio de Empleo y Seguridad Social a preparar un plan de privatización de la gestión de este organismo público responsable de pagar retribuciones e indemnizaciones a trabajadores de empresas insolventes, cada vez mas numerosas por la crisis financiera y las extinciones frecuentes de negocios. Solo en Valencia, el Fogasa tiene sin resolver alrededor de 20.000 expedientes (el doble que en ejercicios anteriores) que afectan a más de 40.000 personas y que tarda en pagar más de un año.
El programa de futuro trazado por el ministerio de Fátima Báñez dejará en manos externas parte de la gestión del Fogasa en Madrid, Barcelona y Valencia (cuya carga de trabajo representa el 51 % del total de España) y podría comenzar a aplicarse desde el 15 de septiembre. El llamado "proyecto Greta" es un servicio que adjudicará a entidades ajenas al ministerio la tramitación de todos los casos pendientes al día de su puesta en marcha. Por otro lado, existe un segundo grupo de veinte provincias, incluidas las Alicante y Castelló, que aglutinan el 42 % de los casos de trabajadores que acuden al Fogasa para poder cobrar retribuciones salariales. Mientras tanto, un último grupo de 29 provincias solamente agrupan el 7 % de expedientes y no suponen un problema para el organismo dependiente del Ministerio de Empleo
Mientras el Gobierno central sostiene que el proyecto de gestión y resolución de expedientes atrasados es "eventual" y no supone una privatización del ente administrativo, las centrales sindicales rechazan de plano la actuación del ministerio.
