Nervioso hasta casi las lágrimas Ángel Martínez, sobrado aunque con la declaración apenas hilvanada Antonio Gil-Terrón y con los deberes bien hechos Armando Sala. De esta guisa comparecieron ayer ante el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez quienes fueran los tres últimos vicepresidentes de la CAM antes de la debacle y posterior desaparición de la caja. Los tres estaban citados como imputados, al igual que el resto de los miembros del consejo de administración de la entidad (que declararán en los próximos días) tras haber aprobado por unanimidad unas dietas que convirtieron al empresario ilicitano Modesto Crespo en el primer presidente de la CAM con sueldodietas , aunque para ello se ideara la argucia de pagarle a través de una participada, Tinser Cartera, por cuya presidencia se embolsó 640.000 euros en apenas dos años, una parte con carácter retroactivo, a cambio de no hacer nada.
Fue en este punto, en la retroactividad del cobro, en el que tanto el fiscal anticorrupción como el juez pusieron especial interés sin que ninguno de los tres vicepresidentes fuera capaz de dar una explicación convincente de por qué se aprobó esta forma de abono cuando, además, se trataba de dietas. Ante los titubeos del valenciano Gil-Terrón al intentar explicar lo inexplicable, Gómez Bermúdez llegó a plantear si vería normal que le nombraran juez hoy y cobrara los seis meses anteriores a serlo. Una pregunta retórica que, lógicamente, quedó en el aire.
Con todo, fue Gil-Terrón la única nota disonante de las tres declaraciones de ayer donde tanto el alicantino Armando Sala como el murciano Ángel Martínez mantuvieron, tal y como ha venido publicando este diario de boca de exconsejeros, que al polémico consejo del 27 de noviembre de 2009 sólo se llevó el nombramiento de Crespo como presidente de Tinser pero que nada se dijo de que iba a cobrar 300.000 euros al año, con lo que nunca pudo aprobarse esta remuneración.
Gil-Terrón, por contra, se escudó en los cinco años que han transcurrido desde ese consejo para remitirse al acta de aquella reunión, donde sí que consta el asunto de las dietas, y apostillar a renglón seguido que no recordaba si el asunto se vio en el consejo o en la comisión de retribuciones, de la que también formaba parte junto a los consejeros Martín Sevilla y Luis Esteban, y que informó a favor del cobro de las dietas.
Ninguna alusión directa se hizo ayer a la denuncia que también han venido manteniendo exconsejeros sobre la supuesta falsificación de aquel acta, donde la cuestión de las dietas se habría incorporado después de la reunión, aunque sí se apuntó delante del juez a una «falta de diligencia en la confección de las actas» y a la existencia de un letrado que ejercía además como secretario de actas, en alusión directa a Juan Martínez-Abarca, no citado de momento en esta pieza separada que investiga el cobro de las dietas por parte del Crespo. Asimismo se aludió a la incapacidad del consejo de administración de la CAM para aprobar pagos de Tinser, a la existencia de un correo donde el secretario indica a Martínez-Abarca que confeccione ese punto, pero enviado un día después de la firma del acta, y a los controles que supuestamente existían por parte del del Banco de España y del IVF.
