El Ayuntamiento de Benidorm podría haber encontrado un aliado en su cruzada por retirar a Enrique Ortiz la condición de agente urbanizador del plan Armanello, el principal sector de suelo aprobado y aún por desarrollar en la ciudad, y que abarca una superficie de casi 670.000 metros cuadrados. Un representante de varias empresas con intereses en la zona ha presentado formalmente ante el Consistorio una batería de alegaciones que no sólo avalan la decisión del Ayuntamiento de desprenderse en este asunto de Ortiz, sino que, además, aporta nuevas causas de resolución y cuestiona el que el empresario alicantino tenga derechos adquiridos para urbanizar este plan, cuya tramitación se halla encallada desde hace cerca de 15 años.
El documento está formulado por un representante legal de las mercantiles Romeco SA, Mercadillo Pueblo SA y La Romana Costablanca, quien ya recurrió en su día las excesivas cargas de urbanización que el constructor quería repercutir en los propietarios del suelo y logró su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
Entre las alegaciones, según figura en el escrito al que ha tenido acceso este diario, los afectados defienden que la retirada por parte de Ortiz de los 17,5 millones que se comprometió a abonar en mejoras, y que el Ayuntamiento alega como causa de resolución, no sería el único de los incumplimientos en los que habría incurrido en todo este tiempo el empresario, que está imputado por las tramas de corrupción Gürtel o Brugal. Por un lado, alegan que el proyecto para urbanizar Armanello se trata de un «programa caducado por transcurso del plazo total para acometerlo, no habiéndose acordado prórroga alguna del mismo». Por otro lado, mantienen que la renuncia de Ortiz a incluir en el nuevo planeamiento los 17,5 millones, tras la anulación de las cargas a los propietarios por parte del TSJ, podría representar «una renuncia tácita del urbanizador».
Ante estos supuestos, el escrito de alegaciones mantiene que el urbanizador «se halla ante varios y manifiestos incumplimientos que representan diferentes causad de resolución», por lo que pide al Ayuntamiento que las añada al expediente aprobado inicialmente por el pleno, para poder resolverlo de manera «adecuada» y «sin menoscabo de los intereses públicos y de las arcas municipales».
Extensa argumentación
Junto a los aspectos anteriormente citados, el documento realiza también una extensa argumentación jurídica y legal que, a juicio de los afectados, constataría la vinculación del urbanizador a la oferta económica presentada y, por tanto, su obligación de asumir de su bolsillo los 17,5 millones que propuso, a razón, entonces, de 10.000 pesetas por metro cuadrado. «Es sorprendente que el urbanizador (...) pretenda ahora no asumir dicha aportación a su costa», mantiene el escrito, que considera que, en este caso, estaríamos ante un nuevo «incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el urbanizador y representa un claro fraude de ley del proceso de selección del agente urbanizador».
Por último, los afectados cuestionan la existencia de un acuerdo de adjudicación definitiva de la condición de agente urbanizador a favor de Enrique Ortiz, puesto que el planeamiento de desarrollo del programa «ha sido declarado nulo» por el TSJ. Por tanto, ante la ausencia de la ordenación pormenorizada para la ejecución del programa, consideran que el empresario «no puede denunciar la existencia de ninguna responsabilidad patrimonial de la Administración cuando carece de ningún derecho adquirido».
Este punto contrasta enormemente con las aspiraciones de Ortiz, quien en las alegaciones que también presentó contra el inicio del expediente de resolución, advertía al Ayuntamiento de que podría verse a abocado a pagar una indemnización millonaria. En concreto, como avanzó hace días este diario, el constructor anunciaba su intención de reclamar unos 9 millones de euros por los gastos que hasta la fecha le habría ocasionado todos los trámites relacionados con este plan.
