Retirar a Enrique Ortiz la condición de agente urbanizador del plan parcial Armanello puede acabar costándole caro al Ayuntamiento de Benidorm. El empresario alicantino implicado en las tramas Gürtel y Brugal ha presentado formalmente un escrito de alegaciones contra el acuerdo plenario adoptado por unanimidad en pasado 30 de junio en el que advierte al Consistorio de que, en el caso de elevar a definitiva esta resolución, la ciudad tendría compensarle con una indemnización cercana a los 9 millones de euros para restaurar el equilibrio económico, a su juicio, «alterado» por esta decisión.
Entre las causas que aduce el escrito de alegaciones del constructor para reclamar esta compensación, Ortiz tilda de «incorrecta» la motivación del acuerdo para iniciar la resolución del programa. Como ya contó en su día este diario, el principal argumento del Consistorio para poner fin a esta adjudicación, bloqueada durante 12 años, fue la retirada de los 17,5 millones de euros que el constructor se comprometió a incorporar en el programa en 2002, cuando le fue adjudicado de forma definitiva, y que éste preveía repercutir en los propietarios del suelo con unas cargas excesivas, que en marzo de 2012 fueron anuladas por dos sentencias del TSJ. Según el Ayuntamiento, estas mejoras prometidas por Ortiz, entre las que se incluían, por ejemplo, la construcción de un Palacio de Congresos, fueron una condición determinante para que el empresario se hiciera con el programa.
Frente a esta postura, el constructor mantiene que, tras la anulación de las cargas por el TSJ, este importe «no puede nunca aparecer como carga imputable exclusivamente al agente urbanizador, pues tampoco nunca ha sido esa la condición de partida», por lo que en su opinión no se habría producido por su parte ningún «incumplimiento del convenio que motive una resolución culpable del programa» y, además, alteraría «el equilibrio económico de la actuación en claro perjuicio del adjudicatario».
Muy al contrario, el documento tilda de «errática» la actuación municipal y dice que de ella «puede deducirse su intención de forzar una resolución del programa, aparentando un incumplimiento del agente urbanizador, cuando lo cierto y verdad es que es el Ayuntamiento el que está impidiendo el normal desarrollo, contradiciendo sus propios acuerdos y resoluciones». O dicho en otras palabras, afirma que es el Consistorio y no él quien ha demorado los trámites y a quien se le podrían achacar las culpas de los retrasos que acumula el desarrollo de este sector.
Por ello, y basándose en que la posición del Ayuntamiento podría constituir una «evidente causa de resolución del programa imputable a la Administración», alerta de que el Ayuntamiento tendría que compensar «los gastos incurridos en redacción de proyectos y otros gastos de gestión y financieros» así como el «lucro cesante» o beneficio que habría obtenido el constructor, cifrados por él mismo en una cuantía cercana a los 9 millones de euros.
Abierto a «encontrar soluciones»
Tras esta primera advertencia, el escrito de alegaciones va aún más allá. Porque, al margen de todo lo anterior, el constructor también traslada la «actitud de esta mercantil de colaborar de modo leal y proactivo en el desarrollo del sector Armanello». Ortiz recuerda que él mismo, además de urbanizador, es también propietario de una superficie relevante de suelo en esta zona, y, por tanto, «estamos interesados» en que salga adelante. Por ello, dice estar abierto a desarrollarlo y pactar con el Consistorio cualquier modificación que éste quisiera introducir en el sector para adaptarlo a los nuevos tiempos o necesidades de la ciudad.
Ahora bien, entre las condiciones para este acuerdo, exige que se dé la «seguridad jurídica» necesaria y que el Ayuntamiento excluya «la carga suprasectorial objeto de controversia». Es decir, que deje de exigirle esos 17,5 millones.
