¿Dónde había dejado Benidorm el plan Armanello y la difícil convivencia con el promotor Enrique Ortiz, urbanizador de ese plan? Pues en el verano de 2012. En julio de aquel año, el pleno había aprobado con el consenso de todas las fuerzas políticas requerirle a Ortiz que abonara en el plazo de un mes las cargas de urbanización del programa, que ascendían a 17,5 millones de euros; y le advertía de que en caso de no hacerlo, el Consistorio se reservaba la potestad de retirarle su condición de agente urbanizador. El Ayuntamiento actuaba de esa forma después de que dos sentencias del TSJ anularan el programa de Armanello debido a que el mismo repercutía esas cargas urbanísticas no en Ortiz sino en los propietarios del suelo. Después, en agosto, el promotor respondió al Ayuntamiento. No demasiado contento precisamente: el promotor se negaba a asumir esas cargas de 17,5 millones y advertía de que si se le echaba de Armanello, el Ayuntamiento podría sufrir "graves perjuicios".
Y ahí había quedado la cosa. Y por ese motivo, ayer el PP exigió que transcurridos seis meses se ejecuten de una vez los acuerdos del pleno de julio y se le retire a Ortiz del plan si las obras no comienzan ya. Pero he aquí que hay nuevas novedades judiciales sobre el caso. El TSJ, al que el Ayuntamiento comunicó el acuerdo plenario en octubre, emitió el pasado 8 de enero un auto en el que advierte de que los acuerdos asumidos contra el promotor por el Ayuntamiento no son "en absoluto asumibles" por el alto tribunal: ni se le puede retirar a Ortiz la condición de Armanello ni se le pueden exigir esos 18 millones, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra. ¿Y qué pasa entonces? Pues según la interpretación que el Consistorio hace de ese auto, lo que quiere el TSJ es que el programa de Armanello comience de cero -lo que permitiría evidentemente volver a diseñarlo- pero, eso sí, manteniendo a Ortiz como agente urbanizador.
Como es lógico, el Ayuntamiento ha recurrido. Pide al TSJ que sí se pueda cumplir el acuerdo del pleno de julio. Y advierte de que si el tribunal no acepta el recurso municipal, Armanello quedaría en una "aberrante situación jurídica" ya que la decisión de mantener al agente urbanizador con el programa invalidado "le situaría ( a Ortiz) en una posición de ventaja por la ausencia de concurrencia de otros licitadores" que también optarían a desarrollar el programa urbanístico de marras. Y es que si en 2001 Ortiz ganó el concurso para urbanizar Armanello fue precisamente porque ofrecía una serie de servicios e infraestructuras en la zona que son los que valen 17,5 millones y que ahora ya no se contemplarían, con lo que parece lógico que si hay nuevo programa, como manda el TSJ, debe haber también nueva empresa urbanizadora.
El PP cree que Navarro "fulminó" a Llinares y a Ferrer por enfrentarse al empresario
El PP acusó ayer al alcalde, el socialista Agustín Navarro, de haber defenestrado a sus dos últimos concejales de Urbanismo del PSOE, Jaime Llinares y Juan Ángel Ferrer, por haberse enfrentado en algún momento al empresario Enrique Ortiz. El portavoz popular, Antonio Pérez, dio a entender que tanto Llinares como Ferrer "se interferían en los intereses entre Navarro y el promotor". Al respecto, Pérez recordó que una de las últimas actuaciones de Ferrer en la cartera de Urbanismo fue llevar en julio una propuesta para exigir que Ortiz pagara 17,5 millones en Armanello y que "sólo un mes después Ferrer fue fulminado" por el primer edil. Y agregó que, en la pasada legislatura, el alcalde también "tuvo muchos problemas" con la gestión que de Armanello realizó Llinares. "Todo lo que se interpone entre Navarro y Ortiz, Navarro lo liquida, lo desprecia, lo quita de enmedio". El portavoz del PP se remontó incluso aún más en el tiempo al asegurar que en 2008 y 2009, y cuando aún se encontraba en la oposición, "Navarro ya hacía lo imposible por sentarse con Ortiz para negociar en Armanello". "Ya es hora de que el alcalde se quite la careta", concluyó Pérez.
