Trece años perdidos. El Ayuntamiento de Benidorm retirará al constructor alicantino Enrique Ortiz la condición de agente urbanizador del mayor plan urbanístico que queda por construir en la ciudad: el plan Armanello. Así lo avanzó ayer el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra (CDL), después de que el pleno aprobara por unanimidad rechazar el recurso de reposición interpuesto por el urbanizador contra el acuerdo plenario del pasado 26 de agosto, donde se le exigió el pago de los 17,5 millones comprometidos en el año 2002 en obras de mejora para el sector.
La propuesta aprobada ayer es el primer paso de un nuevo y presumiblemente largo proceso en las relaciones entre Benidorm y este constructor, el mayor propietario de suelo sin urbanizar en la ciudad. Ortiz obtuvo en el año 2000 la adjudicación para urbanizar 667.000 metros cuadrados en Armanello y, dos años después, el pleno aprobó el programa de actuación integrada (PAI) presentado también por Ortiz para esta zona. Entre otros motivos, porque el constructor incluyó unas mejoras por valor de 17,5 millones de euros que fueron decisivas a la hora de la adjudicación. Ahora bien, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado entonces por el PP de Vicente Pérez Devesa, no tuvo en cuenta que el constructor tenía previsto repercutir el pago de dichas mejoras a los propietarios del suelo, con unas cargas de urbanización muy por encima del máximo legal, fijado en el 10% y que en el caso de Armanello ascendía al 34%. Así que varios propietarios recurrieron y el TSJ les dio la razón en marzo de 2012, cuando a través de dos sentencias anuló dichas cargas y obligó a redactar un nuevo PAI.
Como consecuencia de esta sentencia del TSJ, y en una interpretación muy particular de la misma, Ortiz presentó a mediados de este mes el nuevo planeamiento para Armanello, en el que ya no sólo no se repercutían en los propietarios las cargas declaradas ilegales, sino que desaparecían por completo del plan. Y ahí es donde se aferra ahora el Ayuntamiento de Benidorm para entender que tiene motivos de sobra para retirar a Ortiz la condición de agente urbanizador.
«Este es el primer paso para rescatar la condición de agente urbanizador a Ortiz e Hijos», afirmó ayer el liberal Vicente Juan Ivorra, que aseguró que los técnicos municipales se hallan ya elaborando los informes con los que llevar al pleno de octubre esta propuesta. Sus palabras fueron secundadas por el portavoz del PSOE, Conrado Hernández, quien aseguró que «quitarse de encima a este señor Ortiz quizás es lo mejor que le puede pasar a este pueblo».
Más planes, más Ortiz
Aunque el mensaje de los representantes de PSOE y CDL dejan entrever que el gobierno de Benidorm no quiere nada con Ortiz, todos saben que para el Ayuntamiento no va a ser fácil deshacerse de él. Por un lado, porque retirarle la adjudicación de Armanello puede sumir ahora al Consistorio en un nuevo litigio judicial con el constructor, que casi con toda seguridad defenderá en los tribunales su derecho a urbanizar el sector.
Por otro, porque Ortiz tiene más suelo en la ciudad. Y, además, suelo ahora enfrascado en otras causas judiciales. Paralelamente a los asuntos sobre Armanello, el gobierno local de Benidorm aprobó también ayer, en este caso en solitario, gastar 20.000 euros en un nuevo informe externo sobre el valor del suelo de El Moralet, donde el Consistorio debe expropiar a Enrique Ortiz más de 320.000 metros cuadrados, catalogados en el Plan General de 1990 como suelo destinado a «servicios generales y parque urbano».
Ayuntamiento y Ortiz están ahora en un contencioso por el valor de la parcela. El constructor reclamó 47 millones de euros por estos terrenos, cuyo valor, en una tasación encargada después por el gobierno local, el Consistorio rebajó a 73.000 euros. Frente a ambas cuantías, el Jurado de Expropiación Provincial fijó su precio en 5,96 millones, una tasación con la que el gobierno local sigue sin estar conforme. Y ahora, con la causa en los tribunales, el ejecutivo ha decidido encargar un nuevo informe externo con el que «desmontar la teoría del Jurado Provincial que le llevó a determinar ese precio», según el edil de Urbanismo.
Este estudio, que Ivorra pretende encargar a «reconocidos ingenieros de la Universidad», costará 20.000 euros, más otros 14.000 que también se aprobaron ayer para gasto en procuradores, lo que llevó a la oposición a cargar contra el ejecutivo por su gestión en este asunto.
El portavoz del PP, Antonio Pérez, reprochó que el gobierno local «se empeñó en expropiar El Moralet en 73.000 euros, poniendo en peligro las maltrechas arcas municipales por un capricho político, cuando una sentencia nos puede condenar a pagar, como mínimo, 6 millones de euros». Además, destacó que el Ayuntamiento «tiene técnicos suficientemente cualificados para hacer esa valoración» sin costes adicionales.
Bronca con el no adscrito
Más duro en su crítica fue el edil no adscrito. Juan Ángel Ferrer afirmó que en técnicos externos y procuradores, el Ayuntamiento lleva ya gastado «la mitad del dinero por el que quería expropiar El Moralet», y dijo que el Consistorio «va a pagar ya, al menos, 6 millones de euros por ese suelo sólo por el afán de los liberales de desprestigiarme». Ferrer afirmó que la empresa que tasó en 73.000 euros los terrenos realizó meses antes otra valoración que cifraba su valor en 4,5 millones, sobre la que él propuso siendo encargado de Urbanismo el convenio de permuta con Ortiz, que entonces el CDL calificó como «traje a medida».
Por su parte, Ivorra acusó a Ferrer de «ser o haber sido socio de Enrique Ortiz», aunque sin aportar ninguna prueba, y dijo que «ahora ha quedado desenmascarado ante los ciudadanos». Además, insistió en que el no adscrito quería «pagar a Ortiz los pinos del Moralet a precio de oro con ladrillos en Armanello y El Murtal».
