El promotor Enrique Ortiz ha echado un pulso al Ayuntamiento de Benidorm y en su propuesta del nuevo plan de Armanello ha retirado la mejora para obras complementarias en el sector por un monto de 17,5 millones de euros que incluía su oferta inicial, del año 2002, cuando el Consistorio le adjudicó el ambicioso programa urbanístico. El PAI prevé la construcción de 3.800 casas.
El promotor cargó inicialmente esas mejoras a los propietarios del suelo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante dos sentencias, las declaró ilegales por repercutirlas a los dueños del terreno sin su consentimiento.
El nuevo plan de Armanello es consecuencia del requerimiento del pleno del Ayuntamiento, en su sesión del pasado día 29 de julio, que otorgaba al promotor un plazo hasta al 15 de este mes para presentar un documento en cumplimiento de las sentencias del TSJ.
El promotor remitió ayer al Consistorio el documento del PAI y, en paralelo, un recurso de reposición contra el último pleno de la corporación, celebrado el pasado 26 de agosto, donde, por unanimidad de todos los grupos, se acordó reclamarle las obras de mejoras a riesgo de que, en caso contrario, el Ayuntamiento le retiraría la condición de agente urbanizador.
El Ayuntamiento tiene ahora que dar traslado del documento al TJS y dispone de un mes para responder al recurso de reposición del constructor.
«De conformidad con el citado requerimiento, se presenta junto a la presente instancia la documentación relativa al texto Refundido del Programa y del Plan Parcial, en la que destaca (a) el nuevo presupuesto de cargas de urbanización, excluidas las cargas declaradas ilegales por las sentencias, (b) la reducción del coeficiente de pago en suelo y por tanto de cesión de aprovechamiento en especie; y (c) la concreción de que las cesiones de aprovechamientos exigibles a los propietarios con destino a la Administración no superarán el 90% del aprovechamiento tipo exigible en el ámbito del sector Armanello», recoge textualmente el escrito dirigido ayer por Ortiz al Consistorio.
El empresario también ha presentado un recurso de reposición al acuerdo del pleno del 26 de agosto en el que se ratificó la obligatoriedad de que el agente urbanizador asuma las cargas complementarias, los polémicos 17,5 millones, con destino a ejecutar y reforzar las infraestructuras y servicios del sector.
El promotor argumenta así su rechazo: «Este punto primero del acuerdo impugnado es rigurosamente nulo de pleno derecho, pues hace referencia a un acuerdo que ha sido declarado nulo el 29 de julio de 2013 por el mismo órgano municipal, acuerdo éste -el del 29 de julio de 2013- que hoy es vigente y firme en vía administrativa y que, mientras no sea declarado nulo por un tribunal o mediante los mecanismos previsto en la legislación de procedimiento administrativo común, no puede ser contradicho ni alterado».
Los servicios jurídicos del constructor añaden que el acuerdo de julio de 2013 fue notificado a la mercantil por el concejal delegado de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, el dos de agosto requiriéndole a presentar nueva documentación refundida del PAI y del Plan Parcial Armanello, «en sustitución del anulado con exclusión de las cargas ilegales por las sentencias».
Ortiz se acoge a la literalidad de la comunicación y excluye del documento las cargas ilegales. No obstante, fuentes próximas al equipo de Gobierno local, insisten en que el TSJ no ha declarado «ilegales esas cargas per se, sino por repercutirlas a los propietarios del suelo sin su consentimiento».
