El promotor Ortiz acusa a «determinados miembros de la corporación» del intrincado proceso del plan Armanello. «Todo este galimatías en el que nos vemos envueltos parece relacionado con la intención de determinados miembros de la corporación de que la carga económica declarada ilegal por el tribunal sea asumida por el agente urbanizador, ya que, aparentemente, dicen, fue sugerida como aportación voluntaria» y, en caso de no hacer frente a la misma, retirarle la a condición de agentes urbanizador. El promotor recalca que las cargas anuladas no fueron una aportación voluntaria y que su repercusión en los propietarios consta en el convenio urbanístico. «Cualquier otra interpretación es falsa», precisa. «Y considerar ello como base para un supuesto incumplimiento culpable del Agente Urbanizador que diera pie a una resolución culpable del programa, constituiría una flagrante desviación de poder y fraude de Ley», añade en su escrito. Ortiz repite su amenaza, al igual que hizo en un escrito del 6 de agosto de 2012, de demandar al Consistorio si se le retira la condición de agente urbanizador.

Por su parte, el Ayuntamiento considera que la obligación de Ortiz de mantener su oferta de 17,5 millones está recogida en el convenio de 2003 y ratificada en el pleno del 2 de julio de 2012. El secretario de la corporación avaló está tesis en la sesión del pasado 26 de agosto, que ahora ha impugnado Ortiz.