El Tribunal Constitucional ha anulado, por invadir las competencias del ejecutivo central, el decreto de la Generalitat Valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, una norma que permitía la atención a todos los inmigrantes en situación irregular. El presidente del Consell, Ximo Puig ha asegurado, sin embargo, que mantendrá la atención sanitaria a todos los inmigrantes.

El alto tribunal suspendió el decreto en 2015, cuando admitió el recurso del Gobierno, pero luego levantó esta suspensión en 2016, de modo que desde entonces ha estado en vigor. Ahora, en su fallo definitivo, considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye e invade las del Estado central, por lo cual la anula por inconstitucional.

En su recurso contra el Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell de la Generalidad de Valencia, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, Moncloa argumentaba que el decreto no sigue los criterios fijados en la ley estatal que regula las bases a partir de las cuales puede actuar el ejecutivo autonómico.

La norma valenciana da acceso a la Sanidad Pública a extranjeros mayores de edad, sin autorización para residir en España pero con residencia en algún municipio de la Comunidad Valenciana durante un mínimo de tres meses y que no estén asegurados por la Seguridad Social. Por contraste, la norma estatal que regula el Sistema Nacional de Salud permite acceder a las prestaciones a los extranjeros no registrados ni autorizados para residir en España, pero solo en determinados supuestos y circunstancias concretas: es decir, no de una manera generalizada.

Así, el Constitucional considera en su sentencia que lo que lleva a efecto la norma valenciana «es una ampliación de la cobertura sanitaria (...) no contemplada por la normativa estatal, que (...) incluye entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España».De este modo, el alto tribunal considera que el decreto valenciano va más allá del «criterio de lo básico establecido en la norma estatal».

Tras conocerse esta sentencia, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, aseguró que la decisión del Constitucional afecta al Decreto Ley de atención universal «pero no a las instrucciones» para garantizar ese acceso, «de distinto rango normativo, por lo que éstas siguen vigentes y todas las personas recibirán atención sanitaria».

Desde la Conselleria de Sanidad señalaron ayer que el documento de «Instrucciones para Garantizar el Acceso Universal a la Sanidad Pública», que emitió en julio de 2015 «sigue vigente y garantiza la prestación sanitaria universal».

Con posterioridad, el Consell aprobó el decreto ley 3/2015 de 24 de julio que regula el acceso universal a la atención sanitaria. Este Decreto ley fue convalidado por las Cortes Valencianas el 9 de septiembre de 2015. El contenido del decreto ley «es similar al de las instrucciones en cuanto a la prestación sanitaria integral». La diferencia, señalan desde Sanidad, «estriba en el distinto rango normativo entre ambas medidas».

La decisión del Tribunal Constitucional, puntualiza la conselleria, «afecta al Decreto Ley 3/2015, pero no a las instrucciones».

Por ello, la Conselleria de Sanidad destaca que la universalidad en la atención sanitaria «sigue vigente» en la Comunidad. En este sentido, el departamento de Carmen Montón, reenvió ayer a todos los departamentos las instrucciones emitidas en 2015 para recordar la vigencia de la cobertura sanitaria universal y de los procedimientos administrativos de protección sanitaria establecidos desde hace más de dos años, «con el fin de recordar que no solo se mantiene la cobertura a las 23.663 personas que ya se han beneficiado de la medida sino también a las que sigan solicitando la cobertura sanitaria».

Desde el PP, el diputado en las Cortes, José Juan Zaplana, afirmó que el decreto de la Generalitat que permitía el acceso universal a la sanidad estaba «mal hecho», y ha opinado que la consellera Carmen Montón debería «irse a su casa». El diputado popular señaló en los pasillos de las Cortes que, aunque se echen las culpas a su partido, el que ha anulado ese decreto es el Tribunal Constitucional «porque es ilegal y anticonstitucional».

«Le dijimos que ese decreto estaba mal hecho, que incumplía las competencias de la Comunitat para poder crear normas», afirmó el diputado popular, quien añadió que eso «les dio igual» y crearon «expectativas» en los ciudadanos. En su opinión, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, «es una chapuza en la gestión», pues «desde el primer día en que tomó posesión» la sanidad pública «está cayendo en picado» .

Desde el PSPV, el diputado Ignacio Subías, lamentó la decisión del Tribunal Constitucional y calificó de «indigna» la actitud del PP a quien ha instado a mirar a la cara de los más de 17.000 pacientes que ya han recibido atención para decirles que «a partir de ahora no van a poder ser atendidos por el sistema sanitario público».

Por su parte, el vicesecretario general del PSPV y portavoz parlamentario, Manolo Mata, ha calificado de «impresentable» la decisión judicial y ha acusado al PP de «ser malas personas» por haber forzado que el Constitucional «se cargue» ésta y otras leyes encaminadas a «ayudar a la gente que más lo necesita».

El diputado de Ciudadanos Juan Córdoba mostró su respeto a la decisión judicial, al tiempo que recordó que su formación ya advirtió «que esto podía pasar porque existían dudas de que la Generalitat estuviera excediendo sus competencias».

Por último, Compromís espera que se encuentre la manera de que en la Comunidad se siga aplicando la sanidad pública universal. La diputada de la formación, Isaura Navarro, ha acusado al PP de haber recurrido la norma «dentro de su estrategia de perseguir siempre los derechos de la ciudadanía». Desde Podemos, su diputado Daniel Geffner se ha mostrado «profundamente preocupado» tras conocer la noticia.