El Tribunal Constitucional ha anulado por invadir las competencias del ejecutivo central el decreto de la Generalitat valenciana que permitía el acceso universal a la sanidad, una norma que regulaba fundamentalmente la atención a inmigrantes en situación irregular.
El alto tribunal suspendió el decreto en 2015, cuando admitió el recurso del Gobierno, pero luego levantó esta suspensión, en 2016. Ahora, en su fallo definitivo, considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye, invadiendo las del Estado central.
En concreto, establece que va más allá del "criterio de lo básico establecido en la norma estatal".
La sentencia cuenta con un voto particular contrario al fallo emitido por los magistrados progresistas del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón.
